El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, presentó la contestación a la acusación constitucional que un grupo de parlamentarios de oposición presentó en su contra, donde se le apunta de tener responsabilidad política en el denominado Caso Convenios.
Cabe recordar que la semana pasada, diputados de la coalición Chile Vamos y los partidos Republicano, De la Gente y Social Cristiano, concretaron la tan anunciada presentaron del libelo, el cual señala al personero de Gobierno como responsable políticamente ante los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial de la cartera en Antofagasta a Democracia Viva, fundación vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD).
La acusación cuenta con cinco capítulos y dice que Montes infringió la norma del artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento, entre otros aspectos.
El ministro es representado por el abogado Pablo Ruiz-Tagle, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y se especializa en derecho constitucional.
La defensa en detalle
En primera instancia, la respuesta representada por Ruiz-Tagle dice que la acusación está basada en el principio de responsabilidad objetiva, es decir, que el secretario de Estado debe responder por cualquier hecho ocurrido en su cartera, independiente de su diligencia o de actos que realice.
Esto es considerado por la defensa de Montes como un error garrafal, ya que las acusaciones constitucionales “se basan siempre” en la responsabilidad subjetiva. Esto significa que debe analizarse el grado de diligencia del ministro en sus actuaciones, indica la contestación.
Además, el texto sostiene que la acusación tiene hechos deficientemente relatados y sin sustento, lo que no permite configurar las causales de la supuesta vulneración a la Constitución y las layes por parte del secretario de Estado. También, se indica que líbelo carece de hechos claros, precisos y concretos referidos al ministro Montes, y tampoco es posible construir un nexo entre la actuación del personero de Gobierno con las presuntas normas infringidas.
Junto a ello, la contestación dice que la acusación no está debidamente fundada, no aporta pruebas necesarias, tampoco aporta un estándar mínimo y confunde reproches.
En otro aspecto, se menciona que en la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes hay cuadros copiados y pegados sobre convenios informados por la Contraloría General de la República (CGR) en sus informes, “tachando” los contratos suscritos en el gobierno del expresidente Pinera: “Es decir, los acusadores no se dieron tiempo siquiera de hacer sus propios cuadros. Al tachar los cuadros, se omite deliberadamente los actos previos al 2022 y se hace responsable al ministro de ellos”.
En síntesis, la defensa dice que el texto acusador es un escrito improvisado, con falta de argumentos básicos y errores garrafales, que no pueden permitirse dado la gravedad de la acusación y la seriedad de la institucionalidad.
Respecto al fondo, la defensa del ministro señala en el texto que Montes siempre ejerció un rol jerárquico, donde se hicieron las responsabilidades mediante las renuncias del seremi Carlos Contreras y la subsecretaria Tatiana Rojas. Además, descartan una vulneración al principio de probidad por parte del titular de Vivienda, mencionando que no se puede configurar una infracción a esta materia.
