El presidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenios, José Miguel Castro (RN), apuntó a las responsabilidades políticas del ministro de Vivienda, Carlos Montes, respecto de la serie de irregularidades en el traspaso de recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro desde las seremis del Minvu del país.

Comentarios que surgen luego de la lapidaria presentación del Contralor, Jorge Bermúdez, en la instancia fiscalizadora, donde la autoridad informó que las anomalías se repiten en casi todas las regiones del país, excepto Aysén; y que los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Entre los puntos más relevantes mencionados, destacó la falta de procedimiento formal para la selección de quienes ejecutarían los proyectos, asignaciones directas sin fundamentación, falta de exigencia de planes de trabajo y una metodología de rendición de gastos que no sería la adecuada.

Al respecto, Castro señaló que “es impresentable que a un Ministro de Estado se le pasen en 15 regiones, eso quiere decir que no ha tenido un buen manejo de parte de su personal y por supuesto que hay una responsabilidad política”.

Consultado respecto de posibles sanciones al titular del Minvu, el parlamentario explicó que “nosotros como bancada vamos a tomar algunas consideraciones. Desde quizás pedirle al Presidente de la República que lo retire de su cargo hasta una acusación constitucional, pasando por una interpelación. También necesitamos perseguir las responsabilidades tanto políticas como administrativas y esa gente debe salir de sus cargos y debe en el fondo hacerse una limpieza, un reseteo de todo el sistema”.

“Es sumamente grave y repetitivo lo que sucedió en las distintas regiones del país. 15 regiones afectadas por este germen de la corrupción, 15 regiones afectadas con un caldo de cultivo para que se entregaran platas a diestra y siniestra. Si a eso le sumamos lo de los Gores estamos frente hoy en día a uno de los casos más graves de corrupción que han existido en Chile. Esperamos que no solamente la Contraloría ejerza sus atribuciones, sino que también lo haga la Fiscalía y efectivamente lleguemos a condenar la gente que ha generado delitos producto de estas situaciones”, finalizó Castro.