Pese a que la derecha estaba decidida a rechazar el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, el Gobierno logró que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara las observaciones realizadas por el Ejecutivo al proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles.

Tras un intenso debate, la sala ratificó la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo el Senado, dejando el texto en condiciones de ser despachado a ley la República.

Principales aspectos del veto

El veto está compuesto por 14 observaciones, siendo la primera, aprobada con 72 votos a favor 66 en contra y 4 abstenciones, la que elimina las normas sobre legítima defensa privilegiada, que estaban contempladas en la iniciativa.

Luego con 79 votos a favor, 61 en contra y 2 abstenciones, se aprobó la segunda observación que entrega un tratamiento especial cuando existe violencia en las cosas, lo que establece una pena de cárcel, distinta a la usurpación con violencia en las cosas y en las personas.

La Sala también aprobó con 82 votos a favor, 59 en contra y 2 abstenciones el punto que establece que, “si la usurpación se realiza sin violencia o intimidación en las personas, pero causando daño en las cosas, la pena será presidio menor en su grado medio si causa daño cuyo importe sea de 40 UTM; presidio menor en su grado mínimo a medio si excede de 4 UTM y no pasa de 40; y presidio menor en su grado mínimo si causa daños menores a 4 UTM ni baje de 1 UTM”.

Otras observaciones

El veto aprobado da también la posibilidad al juez de fijar sanciones de cárcel o multa en determinados casos. Dicha observación se aprobó por 73 votos a favor, 64 en contra y 5 abstenciones, añade que “cuando el hecho se lleve a efecto sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 UTM”.

Otro aspecto contenido en las observaciones, que se aprobó por 72 votos a favor, 64 en contra y 6 abstenciones, permite que las policías puedan realizar detenciones por flagrancia de forma permanente.

Además, se aprobó con 95 votos a favor, 44 en contra y 4 abstención, el punto que establece la medida cautelar de restitución anticipada del inmueble en cualquier etapa del procedimiento, hayan sido o no formalizados los imputados; pidiendo el desalojo, acreditando la respectiva inscripción del inmueble.

Debate parlamentario sobre el veto

En cuanto al debate legislativo, las argumentaciones de los parlamentarios que votaron en contra del veto criticaron que el Gobierno legisle por esta vía, afirmando que la norma representa una señal de debilidad frente a quienes vulneran y usurpan el derecho de propiedad.

Por su parte, quienes respaldaron las observaciones afirmaron que la norma corrige un error generado durante la tramitación del texto. Sostuvieron que el Ejecutivo utilizó las herramientas disponibles en la legislación.

Visión del Ejecutivo

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió el uso del veto, mencionando que este es el último recurso que otorga la legislación “cuando se llega a un resultado peligroso como el proyecto que aprobó en su momento el Congreso”.

Recalcó que, con la nueva ley, la usurpación es siempre un delito. Al mismo tiempo insistió en que en todos los casos la policía va a poder desalojar y detener.

Con el resultado de esta votación el texto terminó su tramitación en el Congreso, quedando listo para su promulgación.