El presidente de la comisión investigadora por el “Caso Convenios”, José Miguel Castro (RN), y el integrante de la misma instancia legislativa, Juan Carlos Beltrán (RN), enviaron luego de la declaración de Miguel Crispi una carta al Presidente Gabriel Boric donde le solicitan evaluar “la continuidad y se disponga una investigación para determinar si hubo una infracción de deberes legales, remitiendo en definitiva los antecedentes al Ministerio Público”.

Los parlamentarios de derecha le exponen al mandatario que Crispi reconoció en la comisión que “el Presidente se enteró el 16 de junio, como es de público conocimiento (…) el 7 de junio, antes que el Presidente de la República, tomé conocimiento de un rumor, donde señalaban que había una situación en Antofagasta donde Daniel Andrade tenía una participación que tenía un vínculo con el seremi de vivienda”. Sobre lo cual después agregó Crispi “lo derivé a la Subsecretaria de Vivienda”.

En cuanto a esta acción, tanto Castro como Beltrán afirman en la misiva que “el máximo asesor presidencial tenía conocimiento de las denuncias antes de lo reconocido por S.E. y el resto de los funcionarios gubernamentales”. Entonces, queda claro que las “denuncias que tomó (Crispi) revestían gravedad, en tanto no dudó en requerir antecedentes de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo”.

Preguntan entonces los parlamentarios “¿por qué el máximo asesor presidencial no puso en conocimiento del Presidente de la República el que se ha transformado en el mayor escándalo de corrupción de los últimos años?”. Y le hacen ver que el jefe del segundo piso de La Moneda “prefirió manejar el asunto con la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, coincidentemente, también militante del partido político Revolución Democrática”.

Es por esto que ambos parlamentarios consideran “de la máxima gravedad que la asesoría presidencial y particularmente el Jefe de los asesores del Presidente de la República no haya denunciado los hechos constitutivos del caso Democracia Viva a la justicia de conformidad con el artículo 177 del Código Procesal Penal”. Añadiendo que “nos preocupa que al Presidente de la República se le omitan denuncias que, en definitiva, terminaron por convertirse en el caso de corrupción más grave de los últimos años”.

Finalmente, cabe consignar que la carta fue enviada esta misma jornada al Presidente Gabriel Boric, para que “evalúe la continuidad del Sr. Crispi” y se disponga la investigación que determine si hubo infracción de deberes legales.