El plano del Consejo Constitucional aprobó este lunes un conjunto de cambios, bajo el argumento de modernizar el funcionamiento del Ministerio Público, cuyos artículos y enmiendas están contenidos en el Capítulo IX: Ministerio Público, evacuado por la Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos.

Junto con reafirmar que el Ministerio Público “es un organismo autónomo, jerarquizado, que dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito”, también, las y los consejeros aprobaron que “en caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales y en todas sus actuaciones deberá seguir apego irrestricto a las exigencias del debido proceso y las garantías fundamentales de imputados, víctimas y testigos”.

Fiscalía Supraterritorial

Asimismo, por 48 votos a favor y 2 votos del PC en contra, se respaldó la creación de una Fiscalía Supraterritorial, la que tendrá como función “el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad en todo el territorio nacional, actuando de manera coordinada con las Fiscalías Regionales. Estará a cargo de un fiscal supraterritorial, quien durará 8 años en funciones, luego de los cuales no podrá ser designado por un nuevo período”.

La consejera Ninoska Payauna (PRep) valoró la creación de la Fiscalía Supraterritorial, establecida en el artículo 176, señalando que la modernización del Ministerio Público ayudará a mejorar la seguridad de los chilenos en cada región del país.

Por su parte, la consejera Karen Araya (PC) expuso su punto de vista respecto a los cambios introducidos al Ministerio Público, detallando su preocupación por la intervención que se podría generar -por parte de los gobiernos de turno- en la labor que desempeñan los fiscales.

El consejero José González (Indep.-PS) indicó que “se trata de una respuesta rotunda ante los desafíos del crimen organizado que atenta contra nuestra convivencia”.

Unidad de Asuntos Internos y Consejo de Coordinación

De igual forma, el Pleno aprobó la creación de una Fiscalía de Asuntos Internos, que tendrá como función investigar las faltas disciplinarias y los hechos constitutivos de delitos cometidos por fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

Además, existirá un Consejo Consultivo del Ministerio Público, presidido por el Fiscal Nacional, cuya función será asesorarlo. Este órgano estará integrado, entre otros por: el General Director de Carabineros de Chile, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), un representante del organismo a cargo de la Policía Marítima, un representante del organismo a cargo de la prevención del lavado de activos, el Director Nacional de Gendarmería de Chile y el Director del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Aunque reconoció que el país no “cambiará de rumbo por aprobarse un mejor texto constitucional en comparación con el actual”, el consejero Arturo Phillips enfatizó que la nueva propuesta “servirá para avanzar”, al referirse al mencionado capítulo que se votó esta jornada.

Designación Fiscal Nacional

El Fiscal Nacional será la autoridad superior del Ministerio Público, de quien dependerá jerárquicamente y directamente el Fiscal Supraterritorial, los Fiscales Regionales y a través de éstos, los fiscales adjuntos. Además, tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público.

Entre los principales aspectos para su designación destaca la regulación de la ley institucional como marco normativo del proceso. Además, este será designado por el Presidente de la República, previa quina elaborada por la Corte Suprema (mediante concurso público), el que deberá ser ratificado con acuerdo del Senado por 3/5 de sus integrantes. El designado deberá tener al menos 15 años de título de abogado, junto con reunir los requisitos de experiencia y formación requeridos para el cargo.