Los jefes de las bancadas de Chile Vamos, incluidos Republicanos, enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, para expresarle su profunda preocupación por las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, tras la no comparecencia del asesor presidencial, Miguel Crispi, a la Comisión Investigadora del Caso Convenios y luego de la aclaración del contralor Jorge Bermúdez en la misma instancia, quien dijo que “cualquier persona en un cargo de poder en un Estado Democrático tiene el deber de rendir cuentas”.

En la misiva, los parlamentarios señalan, que las declaraciones del ministro, resultan a “nuestro parecer una amenaza velada que busca desalentar el ejercicio de las funciones fiscalizadoras que la Constitución Política de la República le entrega a esta Cámara de Diputados y por cierto un intento inadmisible de anular a la oposición, cuestión que se relaciona profundamente con el respeto al pluralismo que caracteriza a todo régimen democrático”.

Así mismo, indican que “hay en las palabras del Ministro de Justicia y Derechos Humanos un intento evidente de llevar la discusión a una suerte de “teoría del empate”, desconociendo el legítimo interés que existe por parte de la oposición por indagar en la veracidad de versiones” que rodean el caso Democracia Viva, principalmente en lo que compete al entorno del mandatario.

En este sentido, el jefe de bancada de los diputados RN, Frank Sauerbaum, dijo que “le pedimos en esta carta que simplemente le pida al gobierno y colabore con la investigación que se está haciendo en los casos de corrupción para que esto le dé tranquilidad a los chilenos de que se respeta la institucionalidad, se respeta la Constitución y la ley y que la Cámara de Diputados va a seguir ejerciendo su rol fiscalizador. Nos parece que lo que ha hecho el Contralor el día de ayer ha sido darle la razón a nuestras indicaciones anteriores porque el señor Crispi tiene la obligación legal de venir a la Cámara de Diputados como empleado fiscal independiente de su condición”.

Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, agregó que “nuestro rol fiscalizador es justamente para que las instituciones funcionen bien. Y nosotros hemos ejercido nuestro rol fiscalizador, pero el gobierno se opone a ser fiscalizado. Hemos enviado cientos de oficios a ministerios que no han sido contestados, hemos votado en la sala preguntas por el artículo 52 de la Constitución que el presidente de la República debe responder y no nos ha respondido. Y en las comisiones investigadoras que la Constitución nos permite formar, hemos citado a funcionarios públicos que no han querido venir. El caso más emblemático de todos es el de Miguel Crispi, jefe de Gabinete del Presidente Boric”.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, añadió que “el incumplimiento reiterado a la Constitución y las leyes son una infracción grave. La reiteración es grave bajo nuestro sistema político y por lo tanto, es importantísimo que el Gobierno cese de inmediato con obstaculizar las facultades fiscalizadores del Congreso Nacional y el Contralor General de la República le ha puesto un plazo, es indispensable que entiendan desde el Gobierno que se debe respetar la institucionalidad de este país, constitucional y legal”.

El subjefe de la bancada de Evópoli Jorge Guzmán, señaló que “lo que está haciendo el gobierno es ocultar a una persona que puede aportar antecedentes, respecto de hechos que son de corrupción y que los chilenos nos exigen poder empezar a destrabar. Por eso, dentro de las facultades que tienen los parlamentarios está la de iniciar una comisión investigadora, con el fin de ir aclarando estos hechos. Hemos visto como el ministro de Justicia ha ocultado o al menos ha amparado al asesor del presidente, respecto de impedirle venir a declarar, incluso contra el pronunciamiento expreso de la Contraloría General de la República”.

Finalmente, los parlamentarios, precisaron en el escrito que “el Gobierno ha tratado de negar la comparecencia del principal asesor presidencial, Miguel Crispi, primero argumentando que su estatus como funcionario honorario lo eximía y luego alegando que la comparecencia sería incompatible con la sensibilidad y la reserva de la información en la Presidencia de la República, lo que plantea dudas sobre la independencia de los poderes y amenaza el sistema de pesos y contrapesos”.

Así como Chile Vamos junto a Republicanos hicieron un llamado a la Mesa de la Corporación y al Presidente de la Cámara de Diputados a “salvaguardar la independencia y la integridad de las competencias constitucionales y legales de esta Cámara, en defensa de la salud de nuestro régimen democrático”.