Luego de que el sábado se iniciara el debate del Capítulo IV: “Congreso Nacional” de la propuesta de nueva constitución, el Pleno del Consejo Constitucional continuó durante este jornada con la votación de artículos de este acápite, aprobándose varios puntos relativos a los diputados y senadores, entre ellos el que involucra la pérdida de escaños para el parlamentario que renuncie al partido que declaró sun candidatura.

De esta forma, entre los principales artículos aprobados por los consejeros está la limitación de la dieta parlamentaria, la que no podrá superar a la de un ministro de Estado. Además, la norma contempla deducir las inasistencias injustificadas a sesiones, asunto que argumentó el consejero Arturo Phillips (UDI), indicando que “no se trata de cuestionar el trabajo legislativo, sino que otorgar seriedad y fomentar la responsabilidad frente al electorado”.

Otras de las materias abordadas fueron las disposiciones “antidíscolos” que involucran la pérdida del escaño parlamentario. Es así que se aprobó que el diputado(a) o senador(a) que renuncie al partido que declaró su candidatura, pierda su puesto en el Congreso, pero no recogió la propuesta de la Comisión Experta que establecía la misma sanción para quien fuera expulsado de su colectividad.

El consejero Alejandro Köhler (PS) señaló que no aprobar esta propuesta “deja cojo el esquema de disciplina partidaria”.

Además, entre las causales de pérdida de escaño, se aprobó el cese de funciones del parlamentario que “incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios violentos”. La norma, que generó votos divididos dentro de Unidad para Chile (a favor Aldo Valle [PS] y José González [Ind-RD]), fue criticada por la consejera Karen Araya (PC), quien lamentó “que se constitucionalicen dichas desconfianzas”.

Respecto a la inscripción de candidaturas al Congreso, se aprobó que no puedan presentarse quienes “desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial”, lo que incluye a los sindicatos. La medida no había sido incluida por la Comisión Experta, pero fue repuesta por la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional.

La consejera Beatriz Hevia (Republicana) argumentó que la norma busca evitar la instrumentalización del cargo, indicando que “cualquier miembro de un gremio quiere que su dirigente esté enfocado en el trabajo para el que ha sido designado”.

Pese a que la norma establece que la inhabilidad corre al momento de inscribir la candidatura ante el Servicio Electoral, la consejera Marcela Araya (PS) la consideró “un retroceso” y sostuvo que “los trabajadores merecen respeto por el trabajo que hacen con la ciudadanía desde los mismos gremios”.