Por Cristian Montero, fundador de Adactiva
Recientemente, el Gobierno anunció los resultados del diálogo a través del cual busca modernizar al Estado y fortalecer la transparencia del gasto público, junto con promover la inversión, la productividad y el crecimiento.
La iniciativa bautizada como “pacto fiscal” propone un sistema moderno de tributación que prioriza el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la diminución de las listas de espera en hospitales y el fortalecimiento de los consultorios entre otras cosas.
Las nuevas medidas incluyen incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, además de beneficios para la clase media y un nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño. Pero, si bien, avanzar en la simplificación del sistema tributario para las pymes es clave, igual de importante es velar porque los impuestos se cobren de acuerdo con la realidad de cada negocio.
Y es que muchas veces, los pequeños empresarios -que dan trabajo a tres o cinco personas más- terminan ahogándose en un mar de obligaciones impositivas, que suben cada vez que el Gobierno de turno necesita aumentar la recaudación fiscal para disminuir el déficit o financiar nuevos programas sociales.
Aunque propuestas como la ampliación del alcance de ChileCompra y la reducción del plazo de pago a 20 días desde el Estado a las pymes son plausibles, el concepto de “pacto fiscal” no es el idóneo, pues, un pacto implicaría un acuerdo transversal. Sin embargo, la oposición hoy no está disponible para negociar.
De todas maneras, un punto clave para un país como el nuestro -donde más del 90% de las empresas son pymes- es no centrar la recaudación en los tributos que golpean duramente a quienes con mucho esfuerzo han levantado un negocio que da trabajo a dos, tres o cinco personas.
En Adactiva, creemos que más que aumentar el impuesto es importante tener una mirada de largo plazo con el foco puesto en el crecimiento del país. Por eso, invitamos tanto al Gobierno como a la oposición a poner aún más énfasis en la eficiencia del gasto fiscal, de modo que los recursos no se malgasten sino al contrario, que se optimicen al máximo para lograr el bienestar de todos.
