El ministro de Justicia, Luis Cordero, lamentó este martes la ampliación de la querella presentada por diputados del Partido Republicano en el caso Democracia Viva, afirmando que esperaba que estas acciones judiciales no sean usadas como “estrategia política”.

En conversación con radio Cooperativa, Cordero dijo que “ahora nos damos cuenta, porque se está utilizando como una estrategia, en mi opinión, política contra altas autoridades, pero se está haciendo en otros ámbitos extremadamente habitual querellarse contra funcionarios públicos respecto a decisiones que adoptaron o respecto de situaciones que no se comparten”.

“Yo he visto la ampliación de la querella. Me parece que ellos ejercieron un instrumento jurídico para hacer una objeción que no es jurídica sino que más bien política y eso tiene consecuencias que degradan también el contexto del debate público”, explicó.

El titular de Justicia sostuvo que “el derecho tiene cierta racionalidad y ciertas lógicas, pero cuando usted lo utiliza como herramienta política usted no sabe los efectos que puede terminar. Además, en un contexto en que el evento de la acción, es decir, interponer la querella, es el efecto que produce el daño y, por lo tanto, los resultados que finalmente podrían terminar en nada, son muy poco conocidos en el fondo”.

“A mí me preocupa que se comience a naturalizar en el debate político nacional el uso de la querella como medio para contrastar o amparar una estrategia política. Para eso está el Ministerio Público, que es una institución autónoma responsable. Ellos son los que tienen no solo las instituciones, sino que tiene un gran equipo con este fin y sobre ellos deberíamos estar atentos para detectar si en estos casos hay delitos”, mencionó.

Mencionar que ayer lunes, los parlamentarios de la extrema derecha presentaron en el Juzgado de Garantía de Antofagasta la querella en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, además del jefe del denominado “segundo piso” de La Moneda, Miguel Crispi y contra la actual directora de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez.

El libelo apunta a todos los “funcionarios públicos que resulten autores, cómplices y encubridores del delito de fraude al fisco y cualquier otro delito que resulten acreditado durante la investigación”.

Junto a lo anterior, la acción judicial también demanda que se les cite a declarar y que se disponga a la PDI incautar “computadores y teléfonos institucionales y de uso personal”.

Asimismo, Cordero reiteró que en el Caso Fundaciones hasta ahora no se ha detectado la existencia de un “mecanismo” para defraudar al Estado, indicando que “nosotros no tenemos antecedentes de que exista un mecanismo, entendiendo por mecanismo un sistema urdido de modo tal que tiene por fin defraudar al Estado, extraer recursos de modo ilícito al Estado. Lo que sí tenemos son un conjunto de actuaciones que lo que han permitido es que determinados personas hubiesen actuado contra el interés público y en algunos casos directamente defraudado”.