Este lunes -agitado por el escándalo de los Convenios a Fundaciones- los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval solicitaron al Juzgado de Garantía de Antofagasta que se inicie una investigación y cite a declarar en calidad de imputados al titular de la cartera de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; como así también a Javiera Martínez, directora de Presupuestos, y a Miguel Crispi, jefe de asesores del Presidente de la República.

El documento le pide al Ministerio Público que «despache una ampliación de la orden de investigar a la BRIAC de la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que proceda a recopilar todos los antecedentes, documentales y testimoniales, sobre el hecho punible y su autoría, señalando expresamente que deben indagarse los hechos referidos en esta ampliación de querella”.

ATabmién piden que “se disponga que el CIBERCRIMEN de la Policía de Investigaciones de Chile concurra a las dependencias de la DIPRES y del Palacio de La Moneda, y a los domicilios de los querellados, a fin de proceder a incautar los computadores y teléfonos institucionales y de uso personal; y, se cite a declarar en calidad de imputados a Kenneth Giorgio Jackson Drago; Miguel Ernesto Crispi Serrano y Javiera Martínez Fariña”.

El diputado Araya sostiene que “hasta ahora el hilo se está cortando por lo más delgado, que son seremis y subsecretarios, pero se debe investigar a quienes diseñaron este mecanismo defraudatorio contra las arcas fiscales, donde el Ministro Jackson y los otros dos militantes de Revolución Democrática a quienes solicitamos que se amplíe la querella, deben responder ante la justicia”.

El personero agregó que “ya lo deberían haber hecho políticamente, pero el amiguismo ha primado en este caso y la cofradía de RD en los altos cargos ha sido intocable hasta ahora. Es momento que respondan en los tribunales ante un gobierno que ha preferido protegerlos y hacerse el desentendido”.

En tanto el otro querellante, el diputados Irarrázaval afirmó que “crearon una maquinaria para desviar recursos públicos y es hora de que respondan ante la justicia y que de una buena vez comiencen a ser formalizados. Cuando el Presidente designó a estas tres autoridades literalmente dejó al gato cuidando la carnicería.».

En el escrito, los parlamentarios opositores argumentan que “el modus operandi resulta similar en todos los casos. Un funcionario público dotado de facultades para asignar recursos (entregar millonarias sumas de dinero), que arbitrariamente los transfiere mediante convenios a personas relacionadas por amistad, vínculos políticos y otros similares, fraccionándolos a fin de evitar el control de la Contraloría General de la República, y sin ni siquiera las garantías mínimas de la contratación pública”.