Durante la tarde de este martes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara se convocó paraconocer la fiscalización que ha ejercido la Contraloría General de la República respecto de las transferencias de recursos vía trato directo que han efectuado las municipalidades. Asimismo, buscó tener antecedentes sobre las medidas que se han adoptado para precaver y, cuando corresponda, sancionar, prácticas irregulares en la materia.

Para este análisis, el grupo parlamentario contó con la presencia del contralor Jorge Bermúdez. En su exposición consideró que el Estado tiene muchos recursos que no sabe cómo gastar.

En dicho plano, estimó que la situación no debiera generar sorpresa. “Es un típico caso de mutación de una enfermedad llamada corrupción”, remarcó. Luego, agregó que, en esta materia, se encontró una nueva forma de desviación de recursos: el sistema de transferencias.

Mencionó leyes que han surgido para regular temas como las compras públicas, el financiamiento de las fuerzas armadas y los intereses y patrimonio. A su vez, indicó que las transferencias tienen una debilidad de diseño institucional, que no está definida por ley.

En tal sentido, dijo que son traspasos de recursos de un organismo público a otro organismo público o a otra persona natural o jurídica de derecho privado. Ello, para que se realice una actividad pública de interés social, que no supone una contraprestación de bienes y servicios. Este acto, recordó, genera la obligación de rendir cuentas.

En este caso, planteó que se han utilizado las transferencias para financiar compra de bienes, contratación de personal u obra pública, vía glosas presupuestarias que regulan laxamente el tema. En ese plano, indicó que aquí no se aplican boletas de garantías porque no es la Ley de compras públicas.

Precisiones y propuestas

Respecto a cifras, indicó que, en la Ley de Presupuestos de 2023, se contemplan 1,4 billones de pesos en transferencias a privados. En el caso de los gobiernos regionales, las transferencias han aumentado en 216.220 millones, es decir, un 45,5%.

En ese contexto, sostuvo que no hay una regulación permanente, general, un marco que regule las transferencias, por lo cual no se puede seguir la ruta del dinero. Afirmó que existe discrecionalidad en la modificación del presupuesto al pasar de inversión a transferencia de capital. Algo similar ocurre en los proyectos que se financian y corresponden a una asignación “directa” o “nominativa” a personas jurídicas privadas.

Por otra parte, consideró que hay ausencia de control político e inexistencia de normas de transparencia, conflictos de interés y probidad. Tampoco de control interno.

Al respecto, expresó que la Contraloría no controla a privados. Añadió que no existe un sistema informático ni registro de transferencias y no hay acceso a cuentas corrientes de los organismos otorgantes.

El contralor también expuso en su presentación medidas de corto, mediano y largo plazo. De manera inmediata sugirió suprimir la frase “trasferencias corrientes a instituciones privadas” del artículo 23 de la Ley de Presupuestos. Junto a ello, pidió implementar un instructivo de aplicación general por parte del Ministerio de Hacienda. También, obligar a la rendición de cuentas y exigir constitución de garantías.

Además, propuso acciones para mejorar el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos y avanzar en una ley marco de transferencias del Estado, junto a un sistema informático robusto.

Respecto a los cuatro proyectos de ley planteados por parlamentarios relacionados a esta temática, realizó algunos reparos. Sin embargo, valoró la idea de regular el tema. Manifestó que muchas ideas ya están plasmadas en la ley transparencia 2.0 que se tramita en el Senado.