No hay caso con la mediocridad del Congreso Nacional, no por casualidad es la peor institución de la República según todos los sondeos de opinión: son los menos confiables en todas las encuestas, pero así y todo se dan maña para tener el control de parte del poder.

Y ahora tras el escándalo de las asignaciones vía convenios a fundaciones, el Congreso en un ataque proactividad a través de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados inició la discusión de cuatro proyectos de ley que buscan regular los recursos públicos asignados a fundaciones y organizaciones no gubernamentales; y del deber de informar respecto del financiamiento y aportes recibidos de parte de privados.

Los proyectos buscan establecer la obligación de información respecto de las transferencias de organismos del Estado, a fundaciones sin fines de lucro reguladas por la Ley 20.500, informa la Cámara.

Además, señalan, proponen una modernización de la legislación existente que fija requisitos que deben cumplir las organizaciones privadas que reciben financiamiento público. Asimismo, buscan establecer requisitos específicos para sus socios, elementos de acción pública, publicidad de sus actos, entre otros puntos.

Junto con ello, incorporan obligaciones para las personas jurídicas a fin de garantizar el buen uso y destino de los recursos públicos que perciban. La idea es establecer nuevos estándares de transparencia y de información pública. Igualmente, se disponen sanciones ante el incumplimiento de estas nuevas exigencias.

La diputada Daniela Cicardini (PS) es autora de una de las iniciativas, explicó que buscan establecer que el registro nacional de personalidad jurídica sin fines de lucro sea de total dominio y acceso público. Además, que las organizaciones y fundaciones tengan una antigüedad de 2 años para recibir fondos públicos y transparenten su trabajo a través de sus plataformas.