El Tribunal Constitucional dio un portazo a las pretensiones de la poderosa Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y a algunos parlamentarios, dando luz verde a la ley que sistemiza los delitos económicos y medioambientales, conocida como la ley de delitos de “cuello y corbata”.

De acuerdo a lo dictaminado por el pleno de ministros del TC, se decretó que todos los aspectos del texto sometidos a su consideración son apegados a lo señalado en la Constitución, por lo que el proyecto podrá ser publicado y entraría en vigencia en los mismos términos en que fue promulgado desde el Congreso.

Uno de los puntos que estaba pendiente de ser revisado y que fue analizado el martes era el relacionado con la extinción de la personalidad jurídica de distintas entidades en caso de crímenes agravados o en caso de reiteración delictiva.

De esta forma, seis de los ministros declararon la constitucionalidad del proyecto, determinando que siempre que fuera entendido que las universidades estatales no estaban incluidas, mientras que otros dos ministros se inclinaron por la inconstitucionalidad.

Hay que recordar que la CPC acuso incostitucionalidad del proyecto y arremetió en contra de la normativa que establece la creación de cuatro categorías para determinar los diferentes grados de sanciones, colocando también un “téngase presente” por supuestos vicios de constitucionalidad.