El Gobierno anunció este lunes la creación de un “equipo de expertos” para la probidad e integridad institucional que estará dedicado a establecer un nuevo trato con organizaciones privadas (fundaciones y corporaciones) sin fines de lucro en los que primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuenta de los convenios de colaboración entre estas entidades y el Ejecutivo, además de una investigación que se extenderá hasta la administración de Sebastián Piñera.

Así lo dio a conocer la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, quien explicó que este grupo tendrá como plazo 45 días para elaborar los nuevos lineamientos en materia de probidad, siendo coordinada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

“Hemos decidido conformar un equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional, esto va a ser un equipo de trabajo que tiene un plazo de 45 días para poder cumplir con los objetivos para los cuales se les ha convocado”, dijo.

En cuanto a quien la dirigirá, Vallejo mencionó que será la actual secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Segpres, Valeria Lübbert como secretaria general de la instancia.

En cuanto a los objetivos, la secretaria de Estado explicó que será el de “establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro, estamos hablando de corporaciones y fundaciones donde primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia, rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo”.

Respecto a los objetivos específicos, Vallejo sostuvo que “en primer lugar, identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado”.

“En segundo, lugar proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación con el Estado, que faciliten el conocimiento de la ciudanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades (…) En tercer lugar proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones, para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos”, agregó.

En cuanto a las investigaciones que se realizarán tras el escándalo de Democracia Viva, Vallejo explicó que “cada requerimiento de información será entregado con 5 años de antigüedad, insistimos esto tiene que ser caiga quien caiga”, extendiendo las indagatorias al periodo de la administración de Sebastián Piñera.

Además, Vallejo dejó en claro que “el Gobierno es el más interesado en que estos casos se investiguen, se esclarezcan y que todos quienes tengan responsabilidad, asuman su responsabilidad. Si la responsabilidad es política, la responsabilidad política se hace valer. Si la responsabilidad administrativa, la responsabilidad administrativa se hace valer a través de investigaciones sumarias y/o sumarios administrativos”.

“Si la responsabilidad es penal, entonces es la Justicia, la que te debe determinar quién cometió un delito, qué tipo de delito cometió y cuáles son las sanciones o penas asociadas a ese delito. Como Gobierno hemos actuado, porque somos los más interesados en que esto se esclarezca, caiga quien caiga y quien tenga que asumir su responsabilidad. Esto no se trata de superioridad moral ni nada por el estilo, se trata de cómo actuamos frente a este tipo de situaciones”, añadió.