La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este jueves a la polémica por la entrega de dineros a la Fundación Democracia Viva cuyo representante legal es la pareja de la diputada RD, Catalina Pérez, advirtiendo que si la Fiscalía inició una in vestigación sobre el hecho es porque existen indicios de un delito.
“Más que hablar de lo que complica, el Gobierno lo que hace es preocuparse del problema. A mí me parece que cualquier situación que ponga el duda el uso de los recursos públicos, o que genere las suspicacias que ha generado este caso, merece atención y respuestas categóricas”, dijo la jefa de gabinete a radio Cooperativa.
En ese sentido, señaló que “más allá de las acciones que anuncia algún diputado, la Fiscalía ya está investigando esto, ya lo anunció. Desde el momento en que la Fiscalía está investigando es porque existen sospechas de delito (…) ahora, la posibilidad no es lo mismo que la certeza, eso es algo que se puede investigar, es algo que los antecedentes deben esclarecer y si lo hubo, ciertamente se deben tomar las medidas del caso”.
“El ministro ha dicho algo muy importante y es que las platas de este traspaso, de esta subvención, que no se hayan ejecutado, deben restituirse y si no lo hace la organización, el Ministerio va a iniciar las acciones para que sea compelida a hacerlo”, advirtió la secretaria de Estado.
En cuanto al rechazo a las iniciativas que impulsa el Gobierno de parte de la oposición, especialmente la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo, Tohá señaló que “creo que ese argumento equivale a una nueva excusa. El mal uso de los recursos se combate con transparencia, se combate con leyes que controlen la administración, no se combate desfinanciando las políticas sociales, no se combate con recursos insuficientes para mejorar la pensión en salud o para tener recursos para las policías o para combatir el delito”.
“La corrupción, el mal uso de los instrumentos, tiene sus instrumentos y sus instrumentos no son desfinanciar las prioridades del gobierno, las prioridades de la sociedad o los derechos de las personas que tienen justas expectativas de recibir mejores servicios y de tener prestaciones que les den mayor seguridad”, remató la titular del Interior.
