El nuevo estado de excepción en la macrozona sur, aprobado anoche por el Congreso, prescinde de toda referencia a rutas, libre circulación, protección de las vías, seguridad y vida de las personas, con el fin de establecer que el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas y de orden será más dinámico y flexible, para su aplicación a criterio de los jefes de la Defensa Nacional en virtud de los escenarios que vayan constatando en la zona.
Fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dio cuenta de las modificaciones que contempla este decreto, comparado con sus predecesores, explicando que el cambio se basa en la reducción sostenida en el número de delitos registrados, como cortes de camino y atentados contra las personas, debido a que se está frente a un escenario más variable y movible.
En ese marco, Tohá reconoció que si bien el número de incendios también había bajado, recrudeció durante las últimas semanas, mencionando que el nuevo oficio ya no contiene énfasis específicos como el despeje de vías, la protección de las rutas o el resguardo de la vida humana, sino que se ajusta a las necesidades de cada lugar y momento.
También detalló que los grupos detrás de los últimos ataques incendiario han adoptado nuevas formas de ofensiva, por lo que “estas nuevas modalidades requieren adaptar las estrategias que implementan el EEC con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las FF.AA. y las Fuerzas de Orden y Seguridad (FOS) bajo el mando de los JEDENA”.
Con estas modificaciones, agregó, se facilitará que las fuerzas desplegadas puedan “proveer una mayor eficacia operativa y coordinación a las tareas y estrategias de restablecimiento del orden público y el Estado”.
En efecto, el decreto, en lugar de hacer una mención específica a la seguridad de las rutas y la seguridad y la vida de las personas, hace referencia a que los jefes de la defensa nacional van a tener las facultades previstas en el artículo 5 de la ley 18.415 y deberán observar las reglas del uso de la fuerza en su ejercicio, dando a entender que sus potestades deber ser ejercidas respetando las facultades de otras autoridades.
“Se busca evitar cualquier interpretación restrictiva y facilitar un mayor dinamismo en los mecanismos de coordinación que van a tener que estarse revisando, adaptando y perfeccionando para enfrentar el nuevo contexto”, apuntó la ministra.
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La titular de Interior anunció también que se implementarán nuevas medidas de seguridad para la ruta 5, en particular en el tramo CollipulliTemuco y Temuco – Río Bueno con nuevas cámaras de video vigilancia, cámaras térmicas, luminarias y lectores de placa patente. También la instalación de mesas de coordinación permanentes entre las delegaciones y los gremios productivos en cada región y precisó que la delegación de La Araucanía ya está en coordinación con Asociación de Contratistas Forestales de Malleco, gremios de transporte de carga mayor, gremios del salmón agrupados en Salmón Chile, Ferrocarriles del Pacífico, gremios de trabajadores (FEPASA) y seguridad alimentaria.
Otro de los anuncios ministeriales se refiere a la aplicación de medidas tributarias específicas para la zona. En esa línea el 31 de mayo de este año, el Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió una resolución que establece un procedimiento especial para solicitar rebaja de contribuciones para predios tomados en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.
Además, el SII está implementando un plan de fiscalización contra el robo de madera, en conjunto con Aduanas, Ministerio de Agricultura, Conaf y Ciren. Para ello está en desarrollo una aplicación que facilita la fiscalización contra el robo de madera.
La aplicación de esta medida permitirá a los contribuyentes, ciudadanos y cuerpos policiales, validar que la información consignada en las guías de despacho electrónicas recibidas por este servicio sea la misma que consta en la documentación entregada por los transportistas.
Otra de las medidas tributarias surge a partir de la declaración de catástrofe por incendios forestales que permite la postergación del pago de contribuciones 2023 por un año para inmuebles emplazados en las zonas afectadas.