La bancada de diputados RN logró conseguir la firma de 66 parlamentarios -desde Chile Vamos, Republicanos a PDG, PEV, Pamela Jiles, Felipe Camaño y Karen Medina-, para instalar una comisión especial investigadora por los dineros entregados por la Seremi del Minvu de Antofagasta, a la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).

El escrito fue ingresado este jueves a la Cámara de Diputados y también contó con la firma de Jovana Ahumada (ind), Miguel Ángel Calisto y en este se especifica que la creación de la comisión tendrá como objetivo reunir “antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con las transferencias de recursos realizadas por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de sus Secretarías Regionales Ministeriales, así como del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para los años 2022 y 2023, con especial énfasis en los recursos entregados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta”.

Asimismo, detalla los antecedentes conocidos públicamente en los últimos días, como fue el caso de la entrega en menos de dos meses de $426 millones a la Fundación Democracia Viva por parte del exseremi Carlos Contreras.

El jefe de bancada, Frank Sauerbaum, especificó que la solicitud tiene “66 firmas de distintos partidos políticos para poder establecer la responsabilidad política y administrativa del Ministerio de Vivienda en la entrega de recursos millonarios a Fundaciones y ONG´s que han hecho mal uso de los recursos públicos”.

“Es bueno que la gente tenga claridad que la Cámara de Diputados va a hacer una investigación profunda donde el gobierno va a tener que declarar en esa comisión y establecer definitivamente las responsabilidades que se tuvieron y los antecedentes se mandarán luego a la fiscalía para continuar con la investigación penal”, explicó.

En tanto, la subjefa de bancada, Marcia Raphael, afirmó que “es muy relevante que esta comisión investigadora se constituya con el fin de poder esclarecer todos los conflictos de interés y tráfico de influencias que claramente están presentes en el caso de la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Los nexos con el Frente Amplio son evidentes y pareciera ser debido a los nuevos antecedentes que esta es una práctica generalizada”.

La parlamentaria por Aysén precisó que “en esto hay responsabilidades penales y políticas. Por ende, desde nuestro rol fiscalizador, impulsaremos y agotaremos todas las instancias que sean necesarias”.

A su vez, la diputada Camila Flores, agregó que “todo indica que estamos frente a una maquinaria para defraudar al fisco. Aquellos que tenían un estándar moral distinto, han demostrado ser de lo peor. Verdaderamente, no deja de sorprender todo el aparataje que tenían a nivel nacional desplegado para poder hacerse de platas públicas para fines que no son precisamente para lo que se esperaba en estas fundaciones. (…) Estamos haciendo de manera muy seria y profesional todo el cruce de información para llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. Sobretodo que aquellas personas que tengan que responder penalmente, administrativamente y políticamente lo hagan. Vamos a escalar hasta donde sea necesario”.

En tanto, Eduardo Durán apuntó a que “la comisión investigadora es una necesidad para el país que exige transparencia de sus políticos pero también porque quiere claridad respecto al uso que se le da las platas que todos pagamos a través de los impuestos. Lo que está ocurriendo es muy grave, porque hay fondos entregados a la ligera, sin requisitos cumplidos por parte de las fundaciones, sin rendición de cuentas, sin boletas de garantía”.

En el escrito se detalla, entre otras cosas, que Daniel Andrade siendo representante legal de Democracia Viva, cumplió funciones de asesoría en la subsecretaría de Defensa. También que de los $426 millones entregados a la Fundación, y según información del propio ministro del Minvu Carlos Montes, ha rendido solo “un 3% de los recursos transferidos”.

Se agrega que “parece contraproducente y poco correcto transferir estos millonarios montos a una Fundación que no solo carecía de la expertize, sino que además detentaba un giro completamente alejado para el cual se habían aprobado tales dineros (asentamientos precarios o campamentos)”.

El escrito añade que “deben ser detalladamente analizadas estas actuaciones para conocer sus alcances y la manera cómo se han ejecutado los recursos transferidos, atendiendo también, los importantes vínculos afectivos, políticos y personales de quienes intervinieron en la operación”.

Cabe recordar que a inicios de mayo, la presidenta de los funcionarios del Serviu de Antofagasta, pusieron en alerta a las autoridades del Minvu enviando un correo electrónico alertando lo que calificaron como “irregularidades en relación con el programa de asentamientos precarios”.

En la misma solicitud para conformar la CEI, se hace alusión a la denuncia de los funcionarios de Antofagasta, del “pago de un arriendo por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, a la Fundación Procultura, por un monto mensual de casi $3,4 millones por 16 meses, lo que importa una suma total de $54,2 millones”.