Convergencia Social emitió este martes un comunicado público en el que cuestiona el actuar de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, con la fundación de su pareja en Antofagasta tras adjudicarse dineros del Estado, calificando el hecho como un “grave error político que daña nuestro compromiso ético”.
En el texto, el partido osificialista señala que “durante años y con consistencia, como Frente Amplio hemos presentado ante el país un programa de reformas que velen por la máxima probidad pública, para que el estándar a seguir no sea la mera legalidad sino una ética pública a la altura de lo que la ciudadanía espera. Nosotros surgimos como fuerza política condenando las malas prácticas, la anquilosada relación entre política, negocios e influencia y la fundada desconfianza que aquello ha generado sobre la democracia”.
“En el caso en cuestión, la diputada Catalina Pérez solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, para que esta determine su hubiera habido cualquier desapego a la ley; el MINVU decidió con rapidez realizar una investigación al respecto: las personas que suscribieron el respectivo convenio han sido desvinculadas del gobierno. Ella misma ha calificado la situación como un grave error de criterio político y ha indicado que no incidió de forma alguna en el acto, lo cual deberá comprobarse en la investigación llevada adelante por las instituciones respectivas”, precisa.
Asimismo, reconocen las acciones que ha tomado la dirección nacional de RD que van en la “misma línea de transparencia y probidad, al solicitar al Tribunal Supremo del partido una medida cautelar para que las personas involucradas entreguen todos los antecedentes y les sea suspendida su militancia”.
En el comunicado, también hacen diferencia con otros partidos políticos que “justifican actuaciones ilegales, sancionadas, algunas de ellas reiteradas e íntimamente relacionadas con sus propios partidos, para nosotras y nosotros el apego a la ley es lo mínimo a cumplir, y la conformidad de un acto con la normativa vigente no implica por sí sola un comportamiento adecuado para quienes cumplen funciones públicas”.
En esa línea, la tienda de Gobierno señala que “por ello consideramos que el convenio en cuestión constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias que llevaron a que se suscribiera. Es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más”.
Finalmente, la tienda política indica que “presentamos nuestra conformidad con la decisión de la diputada Pérez de suspender su participación en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para que este conflicto no siguiera enturbiando las relaciones políticas en el Congreso Nacional y sirviendo de escusa a la oposición para obstruir acuerdos en beneficio de la ciudadanía”.
