Los sistemas de gestión de seguridad de la información están a la orden del día, no sólo debido a la normativa sino también por los estándares que los clientes nacionales e internacionales exigen a la hora de comprar. Por eso, los servicios de consultoría se han vuelto indispensables.
“Prevenir es mejor que curar” puede que sea una de las frases más viejas que hemos escuchado. Y aunque suele aplicarse con mayor frecuencia en el ámbito médico, hoy aplica más que nunca al mundo corporativo. Por eso, las normas ISO 27.001:2022 e ISO 27.701:2019 se han convertido en manuales de cabecera para las organizaciones que buscan prevenir delitos relacionados con el lavado de activos e incluso faltas graves relacionadas con la seguridad y la privacidad de la información.
“El paso previo al trabajo con un estudio o departamento jurídico es la consultoría legal. Personalmente, me toca hablar más con ingenieros que con otros abogados para entender, por ejemplo, los impactos asociados a comprar o vender un software. Éstos pueden ser relevantes tanto para los clientes como para los proveedores”, explica Matías Rojo, líder de Data Legal Consulting.
De hecho, según el abogado, especialista en ciberseguridad y compliance, la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado y empresas estatales incorpora ocho nuevos delitos de carácter informático, que llevaron a muchas organizaciones a modificar sus modelos de prevención. “Es la primera norma legal que consideró el concepto de dato informático, sistema informático, y receptación de datos informáticos, entre otros, y, por eso, las capacitaciones son cruciales no sólo para las áreas informáticas”, comenta el consultor.
Como implementador de las normas 27.001 y 27.701, Matías Rojo, tiene muy claro que la información debe llegar tanto a los directores, como a los encargados de compliance; pero también a los gerentes de Administración y Finanzas; a los CISO y a los CTO. “Si las empresas no se protegen frente a los delitos informáticos establecidos en la Ley 20.393, las multas a las que se exponen las empresas pueden llegar hasta las300 mil UTM en los casos más severos e incluso pueden ser clausuradas”, afirma el abogado de Data Legal Consulting.
