A través de una declaración el Partido Comunista se refirió al reciente anuncio que hizo el Presidente Boric sobre el rol que tomará el Estado de Chile en la explotación del Litio y los salares, así lo anunció en una columna de opinión el pasado 27 de marzo: «Miro con optimismo el futuro de Chile. Pronto daremos a conocer una política nacional del litio que significa que el Estado asumirá un rol preponderante en la exploración y explotación de este recurso minero no metálico, en colaboración con el sector privado Esta política es la continuación de una larga tradición minera en el país, la que partió con el salitre, migró al cobre y que hoy será acompañada por el litio. Tenemos la segunda reserva de litio más grande del mundo y nuestra tarea es convertirnos en el mediano plazo en el más grande productor de litio a escala planetaria».
Con estos planteamientos, el PC señala: Esto es concordante con el Programa de Gobierno, donde se expresa que “se creará una empresa nacional del litio que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción”.
El Partido Comunista de Chile celebra esta decisión. El litio es un mineral estratégico, clave para la transición energética, que en Chile por mandato constitucional está reservado al estado. Los yacimientos de litio están en los salares. Estos son ecosistemas frágiles, que requieren ser cuidados, donde habitan comunidades y pueblos indígenas. En base a estas consideraciones, la Comisión Nacional del Litio en 2015 recomendó reservar su explotación de modo exclusivo a empresas del Estado o asociaciones público-privadas de su propiedad mayoritaria y con control absoluto.
Las presiones para privatizar el litio son enormes. El país es testigo de la millonaria campaña que están realizando las empresas privadas del Salar de Atacama para extender sus contratos vigentes más allá de la fecha de vencimiento. Ello es contrario a los intereses de Chile. Peor aún, la principal arrendataria, SQM, sigue controlada por Ponce Lerou, vinculado al mayor escándalo de financiamiento ilegal de la política. Rechazamos rotundamente ese propósito.
Hoy como país tenemos la oportunidad histórica de ejercer el mandato patriótico de recuperar el litio. Ello lo puede hacer ahora el estado. Mientras se tramita una ley para crear la Empresa Nacional del litio, alguna de las mineras estatales, Codelco y/o Enami, pueden operar a través de una filial, que eventualmente acepte participación minoritaria de privados para abordar proyectos específicos de explotación de litio, con cuotas y plazos conocidos y delimitados.
En el Salar de Atacama está el 90% de las reservas nacionales. Corfo puede contratar de inmediato con la filial estatal la administración exclusiva de la explotación de litio a partir de la fecha de vencimiento de los contratos vigentes con privadas y en condiciones similares de cuotas, plazos y regalías.
Esa sola decisión significa que esta filial nace con un patrimonio equivalente a los ingresos totales del presupuesto del Estado de un año. Tal es el orden de magnitud del valor de la cuota remanente hoy asignada a empresas privadas, valorizada al precio de las exportaciones chilenas de litio en 2022.
Este considerable patrimonio potenciará a la empresa estatal madre, al conjunto de las empresas públicas y al Estado mismo. Permite a la nueva empresa filial financiar su puesta en marcha y preparar su iniciación de actividades más o menos próxima con las más modernas tecnologías que resguarden el Salar de Atacama, así como completar una campaña de exploración en el resto de los salares. Eventualmente, dicho patrimonio le permite asimismo negociar ventajosamente con las actuales arrendatarias, a las cuales resulta conveniente aportar ahora sus reservas remanentes y activos a cambio de una participación minoritaria en una sociedad con la empresa estatal del litio. En efecto, es evidente que el patrimonio conjunto vale más que la suma de sus partes, al no quedar sometido al castigo del término cierto de las operaciones privadas establecido en los respectivos contratos, señala el comunicado del PC.
