El ministro de Justicia, Luis Cordero, dejó clara la posición del Gobierno luego del rechazo a las indicaciones propuestas para la Ley Neín-Retamal en el Senado, afirmando que no se buscará llegar al Tribunal Constitucional (TC) o aplicar el veto presidencial en caso de seguir avanzando, sino que lo que apuntará es a “sostener la racionalidad”.
“El Ejecutivo lo que dijo es que iba a tratar de precisar ese marco regulatorio en el Senado. Esa es la convicción con la cual ha actuado el Ejecutivo en el entendido que las policías necesitan reglas claras para el uso de la fuerza y es lo que en definitiva ayer la comisión rechazó”, precisó el secretario de Estado en conversación con radio Cooperativa.
Cordero sostuvo que “ayer la Comisión en votación dividida incorporó dos normas que son una verdadera regresión en la legislación chilena. La primera que exime de responsabilidad penal al mando (…) que además contraviene abiertamente las normas de la Corte Penal Internacional que forman parte del derecho interno, y lo segundo que hizo la Comisión ayer, también en votación dividida es que acotó el delito de apremios ilegítimos”.
“Se ha debatido en los últimos años en los casos de abuso policial y lo que hizo la Comisión ayer fue establecer una norma de exención de responsabilidad penal del mando, lo que tiene un efecto en los delitos de lesa humanidad y restringió los delitos de apremios ilegítimos, lo que tiene un impacto brutal en los casos de abuso policial”, apuntó el secretario de Estado.
En ese sentido, Cordero fue claro al afirmar que “el gobierno no tiene como primera estrategia ir al Tribunal Constitucional, no tiene como estrategia el veto, el gobierno tiene como estrategia sostener la racionalidad de las reglas presentadas, y en segundo lugar, si no es así, presentar su proyecto de reglas del uso de la fuerza, que además estaba comprometido con el Congreso”.
Añadió que “el gobierno ha apostado al diálogo permanente, a la racionalidad en el contexto de ese diálogo (…) yo no conozco a ningún especialista que señale que legislar en estas condiciones sea bueno, regular en materia penal no es escribir un manifiesto político, tiene un impacto bien significativo en la vida de las personas y de las instituciones”.
El titular de Justicia concluyó, indicando que “tenemos que apoyar a las policías, pero también permitirles condiciones operativas, que es lo que estaba haciendo el gobierno (…) ocupar una herramienta de esas características en un contexto adversarial puede terminar por comprometer severamente la eficacia de las policías”.
