Eeste martes 18 de abril, el Juzgado de Garantía de Bulnes dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva al alcalde de la comuna de San Ignacio, César Alberto Figueroa Betancourt, imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, fraude al fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos; al funcionario público Krysler Sebastián Monroy Castillo, imputado por el delito de fraude al fisco y cohecho;  al empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares y su colaborador Rodrigo Alejandro Sandoval Terán, imputados por los delitos de estafa y soborno, ilícitos que se habrían perpetrado en el marco de procesos de licitación de cuentas bancarias realizados al interior del municipio durante el año 2022.

En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 1520-2022), la magistrada Claudia Aguayo Dolmestch ordenó el ingreso de los imputados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad; además de la gravedad del delito y la pena asignada.

En tanto, el funcionario municipal Edgardo Antonio Suazo Jiménez, imputado por los delitos de cohecho y fraude al fisco deberá cumplir con la cautelar de arresto domiciliario total.  El funcionario Hugo Basthian Troncoso Salazar, imputado por el delito de cohecho, quedó con cautelares de arraigo nacional, firma mensual,  prohibición de acercarse al municipio y comunicarse con los otros imputados y el funcionario de la Municipalidad de Ñiquén, Carlos Bernabé Fernández Aedo, imputado por los delitos de violación de secreto y cohecho quedó con las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la Municipalidad de Ñiquén y de comunicarse con los otros imputados.

Además, el tribunal fijó en siete meses el plazo de investigación de la causa.

Según el ente persecutor, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que los imputados se concertaron para adjudicar irregularmente procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio y otras casas edilicias.