Por: Rodrigo Zambrano González. – Director Research Chile
El pasado 6 de marzo se constituyó la “Comisión de Expertos Constitucionales” (y el Comité Técnico de Admisibilidad), instancia que tendrá como misión fundamental proponer un “ante proyecto” de Constitución al Consejo Constitucional que se elegirá en el mes de mayo. A simple vista, la composición de esta comisión es un buen vaticinio del trabajo que se realizará, haciendo muy poco probable que se repitan los errores de la experiencia pasada. Sin embargo, la preocupación no debe estar centrada en los Curriculum de los integrantes de esta Comisión, sino más bien, en la validación que la sociedad le entrega a este nuevo proceso.
En este sentido, la medición de Research Chile del mes de febrero indicó que la Comisión de Expertos parte con un 43% de confianza, ubicándose dentro de las 10 instituciones menos confiables del país. A su vez, esta misma medición mostró que un 53% de las personas están motivadas o muy motivadas por este nuevo proceso.
Si bien los resultados son dispares (baja confianza v/s alta motivación), estos se debe a las siguiente razones:
1. El pecado original de la Comisión de Expertos.
Todas las mediciones realizadas (incluyendo las de Research Chile) mostraban en los meses de octubre y noviembre de 2022, la poca aprobación a la idea de que fuera el Congreso Nacional quien diseñara (y sobre todo participara) en el itinerario constitucional, por ejemplo, en la encuesta de Research Chile de octubre, sólo un 4,73% se mostró proclive a la participación del Congreso en este nuevo proceso constitucional. Esto, sumado a la poca credibilidad que tiene nuestro sistema político, explica el bajo nivel de confianza alcanzado en febrero.
2. La idea instalada en la sociedad de la necesidad de tener una nueva Constitución.
El segundo punto se explica por lo siguiente:
a. En 2020 una gran mayoría se manifestó a favor de un cambio constitucional.
b. Todas las mediciones realizadas (posterior al plebiscito de septiembre) mostraron una alta valoración de tener una nueva Carta Magna, quizás no en los niveles de 2020, pero si como la opción mayoritaria.
A lo anterior se debe agregar que nuestra encuesta en febrero preguntó a la ciudadanía (sin tener ante proyecto o proyecto constitucional) sobre la predisposición a votar apruebo o rechazo en el plebiscito de fin de año. Si bien, menos de un 10% declaró votar a favor de cualquier propuesta y un 19% que votaría en contra, una gran mayoría (74%) declaró que va a esperar el trabajo de la Comisión de Expertos y Consejo Constitucional para tomar una decisión.
En consecuencia, no es raro que la Comisión tenga (y mantenga) bajos niveles de confianza, siendo muy probable que dichos niveles perduren en el tiempo, por ello, “su apuesta” debe centrarse en el ante proyecto que presentarán más que en las peleas típicas de la política. La Comisión de Expertos debe entender que es ahí, con ellos, donde se juega el éxito o fracaso de este proceso, pues a pesar de que la ciudadanía entiende que debe haber una nueva Constitución, también ha dado indicios de una cierta fatiga constitucional y de no estar dispuesta a aprobar el primer texto que le proponga.
