El ministro de Justicia, Luis Cordero, salió este martes a responder por el requerimiento de reserva de los expedientes de los indultados por el Gobierno, afirmando que la petición fue hecha por el Tribunal Constitucional.
Cordero respondió a los cuestionamientos hechos por los abogados de la UDI y Chile Vamos sobre la reserva de los datos de los indultados, afirmando que “el TC pidió como medida para mejor resolver copia de todos los expedientes de los indultados y además copia de todos los indultos dictados desde 1981 hasta la fecha”.
En ese sentido, señaló que “el TC solicitó esa información bajo reserva y la razón por la cual lo solicitó así es por que la ley señala que cuando se entregan datos personales tienen que estar bajo reserva. Los abogados de los senadores requirentes han pedido tener acceso a esa información y lo que ha solicitado el TC es pedirnos la opinión”.
“Nosotros no podemos responder sino lo que dice la ley. La Ley de Datos Personales, específicamente en el artículo 21, impide el tratamiento y entrega de información a terceros respecto de datos personales”, explicó el titular de Justicia.
Y agregó que “en los expedientes existen datos personales y sensibles que no pueden ser comunicados a terceros. Dicho de otro modo, el Ejecutivo no podía responder sino lo que señaló, porque es lo que establece la ley. El resto lo tendrá que resolver el tribunal”.
Cordero precisó que “lo relevante es que el tribunal pidió esa información bajo reserva, no es que nosotros hubiésemos solicitado especialmente esa reserva”.
El secretario de Estado afirmó que el artículo 8 de la Constitución vigente establece el principio general de transparencia que tiene causales legales de secreto de reserva y “esas causales entre otras cosas tiene que ver con la protección de derechos de terceros. El requisito que establece la Constitución es que lo establezca la ley. Este es un caso donde hay una causal, que es protección de derechos de terceros, y en segundo lugar, se encuentra establecido en la ley”.
“La ley de datos personales a su vez establece que respecto de los antecedentes penales una vez cumplidas las condenas o se encuentran terminadas, la ley establece que no se pueden comunicar a terceros, salvo a los tribunales de justicia”, destacó.
Al respecto, explicó que “la razón por la cual señala eso precisamente es permitir que las personas puedan reinsertarse. El Ejecutivo no puede responder otra cosa distinta que la que establece una ley vigente en Chile. Por lo tanto, el tribunal tiene la información, que es lo que corresponde, pero nosotros no podemos entregarla a terceros, salvo que el tribunal disponga una cosa distinta”.
“Como estamos sometidos a una discusión ante un tribunal, yo no puedo tener sino una respuesta legal. Yo logro entender la inquietud política, pero esta es una discusión que se ha trabado en términos jurídicos y la respuesta solo puede ser jurídica”, remató.
