La Corte Penal Internacional (CPI) dictó una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra en Ucrania.
La CPI emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
La Corte Penal Internacional es el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un Estado remite a la CPI.
Ni Rusia ni Estados Unidos ni China reconocen la jurisdicción de la CPI
Sin embargo, la Corte tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma —tratado constituyente de la organización— o a los nacionales de estos. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel o Rusia.
Ucrania: Putin debe pagar por secuestrar niños y por otros crímenes internacionales
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, celebró hoy la orden de arresto internacional dictada contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI).
“La Justicia está es marcha: aplaudo la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto para Vladímir Putin y María Lvova-Belova por el traslado forzoso de niños ucranianos”, dijo Kuleba en referencia a la comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, cuya detención también ha sido ordenada por La Haya.
“Los criminales internacionales pagarán por secuestrar niños y por otros crímenes internacionales”, remachó el jefe de la diplomacia ucraniana, que lleva meses movilizándose para conseguir que la comunidad internacional enjuicie los más de 70.000 crímenes de guerra rusos que Kiev dice haber registrado en su territorio.
Las autoridades ucranianas investigan la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de los territorios ocupados, y han enviado a La Haya ingentes materiales con pruebas que demostrarían el tratamiento infligido por Moscú a estos menores.
