Uno de los elementos esenciales y constitutivos del Estado es su correspondiente territorio, es decir, aquel espacio del planeta donde ese Estado ejerce su soberanía en beneficio del bien común de sus ciudadanos. En el caso de Chile, el Territorio Nacional se encuentra actualmente definido y reconocido por el Derecho Internacional a través de numerosos Tratados y fallos internacionales, incluso algunos de muy reciente data, sin que los últimos textos constitucionales se hayan ocupado de ello, cómo sí lo hacía la Contitución de 1833.

Después de más de dos siglos de consolidación de nuestras fronteras continentales e insulares y mirando hacia el horizonte de nuestro mar, resulta hoy necesario reparar en un hecho fundamental: que el territorio físico del Estado de Chile es tricontinental, pues se encuentra ubicado principalmente en América, pero también en Oceanía y la Antártica; y, que de allí surge un vasto territorio oceánico proyectado desde estos territorios continentales e insulares en dirección al Océano Pacífico, al Mar Austral y al Océano Antártico, creando una inmensa área marítima, suelo y subsuelo marinos, donde Chile debe ejercer sus diversos grados de jurisdicción, así como sus deberes, obligaciones e intereses marítimos, conforme a la legislación nacional y al Derecho Internacional Marítimo.

Esta realidad geopolítica, con un innegable destino marítimo, ha sido reconocida por nuestros próceres, invariablemente, desde los tiempos de O’Higgins. Pero hoy, nuestra seguridad y defensa ya no viene dada por la regla del alcance de la bala de cañón que originara la creación del mar territorial, con una extensión inicial de tres millas náuticas, y que posteriormente se extendiera a doce millas náuticas con fines de resguardo de la pesca y explotación minera del suelo y subsuelo marinos; tampoco, nuestro desarrollo y prosperidad no se agotan en la protección del límite de las doscientas millas de la Zona Económica Exclusiva o de la Plataforma Continental. Hoy día Chile necesita imperativamente, como ayer, dominar el ancho mar pero no solo para protejer las primigenias libertades de navegación y comercio, sino que también la pesca, la facultad de tender cables y tuberías submarinos, la libertad de vuelo, la libertad de construir islas artificiales, la libertad de investigación científica, la libertad de ejercicios navales y, sobre todo, para contribuir a la mantención, preservación y orden del medio marino, de cuya vigilancia y control depende dramáticamente nuestra propia existencia en tierra firme, pues los fenómenos del crimen organizado internacional, la contaminación ambiental y el cambio climático deben enfrentarse ineludiblemente desde los océanos.

Chile hace esfuerzos notables en todas las áreas para conquistar el mar: ha desarrollado la creación de inmensos parques marinos, contribuye a la salvaguarda de la vida humana en el mar, fiscaliza la comisión de delitos por la vía marítima, construye un rompehielos antártico de avanzada tecnología por primera vez en su historia –entre muchas otras acciones- y, todo ello, demanda un reconocimiento jurídico de la mayor entidad, que conecte nuestro inmenso mar con la conciencia de cada chileno.

Creemos que nuestro territorio nacional, tricontinental, insular y marítimo, con sus características esenciales de indivisibilidad e inalienabilidad, constituye una de las bases de nuestra libertad, tradición nacional e institucionalidad histórica, cuyo reconocimiento resultaría oportuno y conveniente concretar en el proceso constitucional en curso.   

Juan Andrés de La Maza Larraín, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada de Chile