Mientras se suceden y reactiva los incendios forestales, las acusaciones sobre la intencionalidad de los mismo aumenta pero las cifras no coinciden develando la total descoordinación entre los entes involucrados o bien demuestra que el tema se maneja bajo criterio político con el fin de no provocar alarma pública -como si no hubiera alarma en una ya abrumada ciudadaía que lidia con la INseguridad instalada por al delincuencia criminal y ahora con estos incendios-, así el empresariado maderero denuncia que más del 76% de los siniestros son intencionales, la ministra del Interior, Carolina Tohá asegura que son solo el 25% y la Corporación Nacional Forestal (CONAF estatal) cifra en 41% la intencionalidad.

En la instalació de la polémica contribuyó el ministro de Vivienda Carlos Montes que le bajó el perfil al tema señalando -hace un par de días- que “Probablemente hay casos intencionales, pero tenemos que tener datos y fundamentos (…) tirar cifras sin fundamento, respecto a la posibilidad de acto de intencionales, es algo que no ayuda”. Luego la Delegada Presidencial para la Reconstrucción, Paulina Saball le respondió al ministro Montes señalando: “En la medida en que se han presentado las demandas necesarias, se ha pedido a la población que cuando hay constancia de un hecho de este tipo, lo denuncie; se han generado control de las carreteras, hay toque de queda en varias de las comunas. No veo por qué se podría suponer que se ha bajado el perfil”.

En esta discusión, surgen otros datos como por ejemplo que el años 2022 las exportaciones forestales alcanzaron US$ 6.682 millones lo que representa un crecimiento de 12%, según datos de Infor y claramente estos siniestros tendrán un impacto en la industria forestal.

Pero volviendo al debate sobre intencionalidad o piromanía desatada, la situación es de extrema gravedad porque habla de un delito que se suma a la alta criminalidad que afecta a la nación y en que el Estado está perdiendo la batalla y es de esperar que no le pase lo mismo con los pirómanos.