Por: Gabriel Alemparte, abogado y vicepresidente de Demócratas
Una de las sorpresas informadas por la Dirección de Presupuestos sobre el superávit fiscal del año 2022, fue el aumento en “ingresos por arrendamientos de pertenencias” de parte del Fisco, los que tuvieron un alza de un 503% anual por concepto de los contratos de operación especial a Abermale y SQM. Los recursos originados representan, nada más, ni nada menos, que un ingreso equivalente al 1,4% del PIB 2022.
Hay que remontarse sólo un año atrás cuando el equipo del entonces Presidente electo, cuestionaba duramente las tres licitaciones que se abrieron para la explotación del litio. “Nos parece una mala noticia (…) la vamos a revisar con nuestros equipos”. De hecho a poco andar el entonces asesor y hoy ministro de Energía, Diego Pardow, señalaba correctamente que las licitaciones estaban bien efectuadas.
Pero en las “almas del Gobierno” (recordemos que a Pardow le costó la crítica de Apruebo Dignidad en su oportunidad y su entrada tardía al Gabinete post plebiscito), persistía un cuestionamiento de fondo, que decía relación con la “estrategia nacional” que el nuevo Gobierno quería disponer para la exploración y explotación. Lo anterior, teniendo en cuenta, la por entonces descarriada discusión constitucional que ponía alerta a varios actores ante anuncios de nacionalizaciones. Dicha estrategia importaba, según las autoridades entrantes, de una decisión de exploración y explotación, por medio de una Empresa Nacional del Litio y una política que se definiría en el corto plazo (que aún no llega) a la entonces espera de la nueva Constitución.
Conviene señalar, que luego de los desvaríos superados en el plebiscito del 4 de septiembre, aún persisten en esta materia incertidumbres para la inversión por falta de esas definiciones institucionales. “Probablemente en marzo” ha dicho el subsecretario de minería tendríamos esa política nacional del litio.
A poco andar el 2022, y ante el choque de realidad (post plebiscito e ingresos del Fisco mediante), la autoridad se ha ido dando de bruces –en esta como en tantas materias- definiendo a tientas, y sin mucha certeza, que la Empresa Nacional que se pretendía crear (asunto que requiere de tramitación en el Congreso) se apoyaría más bien en el trabajo de empresas privadas por el conocimiento adquirido. El 29 de septiembre del año pasado, el subsecretario de Minería, señalaba “No tenemos tiempo, ni podemos darnos el gusto de aprender sin ayuda, el boom es ahora. Necesitamos abrirnos a encontrar socios estratégicos que tengan el conocimiento, con los que podamos establecer una relación de colaboración para explotar el litio”, estableciendo como límite 2023 para encontrar dichos socios y reconociendo la “ventana de oportunidad” que abría el litio frente a posibles sustitutos.
Se ha ido mutando, entre líneas de un Empresa Nacional, con todas sus características de organización estatal, a una supuesta estructura más liviana, que aún no se define con claridad, pero que el ministerio del rubro ha llegado a señalar como un instituto tecnológico del litio y los salares. Desde el inicio del gobierno, se indicó estar trabajando en un “trabajo pre legislativo con comunidades”, y se estableció desde junio una discusión sobre la naturaleza de la futura empresa pública en el Senado, donde la ministra y el subsecretario del ramo establecieron la necesidad de buscar socios minoritarios con la experiencia necesaria en explotación.
Sea cual sea la definición gubernamental se requiere rapidez y sentido de realidad, combinando la certeza jurídica para inversionistas y explotación eficiente y con la posibilidad de relacionamiento con comunidades (para que no ocurran fallos adversos como en el caso Maricunga) y al mismo tiempo explotación tecnológica, que permite producir hoy con menor daño ecológico en los salares.
En la reciente visita al Canciller alemán, Olaf Scholz el tema fue tratado. Para Alemania y otros países es clave asegurar el suministro, y Chile ha perdido tiempo y ventajas en indefiniciones y visiones ideológicas –nostalgias de desarrollo nacional mediante- sobre la explotación del litio que tiene a empresas nacionales y extranjeras, esperando poder realizar inversiones fundamentales para la explotación.
Mientras, al no existir una industria del litio abierta, moderna, competitiva y con altos estándares ecológicos definidos por la autoridad, según datos de la industria, el Estado de Chile está dejando de percibir US$6.000 millones anuales en concepto de royalty e impuestos, cálculo realizado de acuerdo al precio declarado de la tonelada de litio (US$55.000). Actualmente, el mercado está concentrado en pocos actores en la última década que produjeron cerca de 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente a 2022, mientras se calcula que con un mercado más competitivo y abierto, se podría llegar a una explotación que triplicaría las ventas que podría llegar a 600.000 mil toneladas, multiplicando tres veces lo percibido por el Fisco en razón de tributos.
¿Podemos darnos el lujo de seguir perdiendo oportunidades, mientras hemos perdido competitividad ante otros países donde se explota el litio, como Argentina y Australia por falta de certezas jurídicas? ¿Podemos seguir discutiendo con lentitud y sin fin una estrategia, mientras el tiempo pasa y el Estado deja de recibir miles de millones de dólares, más aún cuando las primeras definiciones en esta materia se tomaron en 2015 en el seno de la Comisión Nacional del Litio?
Chile es uno de los lugares con más litio en el mundo, hoy tiene un precio y condiciones de venta únicas, en un momento clave, tenemos una industria que pide reglas claras y autoridades que en los últimos años se debaten en la duda. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), en 2013 las reservas mundiales de litio ascendían a 13 millones de toneladas, de las cuales a esa fecha 7,5 millones de toneladas del estratégico mineral no metálico se ubicaban en territorio chileno.
Los ciudadanos no entendemos la falta de decisión. ¿Indefinición ideológica, falta de sentido de Estado, indiferencia o mejor no meterse en las narices donde hubo financiamiento de la política para no exponerse? ¿Quién tiene el aliento y liderazgo para ir más allá y tomar riesgos políticos?
Pareciera haber llegado el tiempo de apurar el tranco.
