martes, noviembre 5, 2024

Tohá apuesta a febrero para desplegar FFAA en las fronteras y podrían hacer controles a 10 km

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La secretaria de Estado analizó diversas mociones en tramitación sobre control de la migración en el país. Además, señaló que espera que, antes del receso legislativo, se despache del Congreso el proyecto de infraestructura crítica.

Este martes la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados o de Aspirantes a Graciosas Señorías, recibió a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. El objetivo de su visita fue exponer la opinión del Ejecutivo sobre proyectos de ley en materia migratoria que tramita esta instancia.

En la ocasión, las y los parlamentarios también le consultaron sobre las medidas concretas que comenzará a implementar el Gobierno en esta materia. En este contexto, Tohá señaló que se espera que avance el proyecto sobre protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente. La norma se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.

De acuerdo a su exposición, la iniciativa permite que, por decreto con fuerza de ley, las FF.AA. puedan resguardar las fronteras. “El Ejecutivo está trabajando en paralelo en esta última fase de tramitación de infraestructura crítica, lo que será el decreto con fuerza de ley”, explicó. Esto, porque el objetivo de la cartera es poder comenzar a implementarlo durante febrero.

Control a 10 Km de la frontera

La ministra realizó una serie de observaciones a las diferentes mociones que se tramitan en la comisión y que se vinculan al control migratorio en el país. Uno de ellos fue el proyecto que busca permitir la reconducción inmediata de extranjeros detenidos por delito flagrante. A su juicio, esto ya estaría contemplado en la legislación actual.

Explicó que una persona puede ser reconducida cuando se encuentra ingresando irregularmente por la frontera o sin los documentos necesarios para estar en el país. Sin embargo, lo que se realiza en caso de delito flagrante es la expulsión. El problema ocurre cuando la persona tiene otras causas pendientes que impiden su expulsión inmediata. Entonces, lo que debe resolverse es que exista la posibilidad de una autorización del juez a cargo de la causa para permitir su expulsión por el delito cometido.

También comentó el proyecto que establece un procedimiento de expulsión para personas que ingresan al país de manera irregular . Frente a esto, la ministra no se mostró favorable. Esto porque no comparte establecer como delito el ingreso irregular, algo que la norma actual no contempla y que internacionalmente no es muy aceptado.

Otro proyecto comentado fue el que busca prohibir que existan excepciones para el ingreso de personas con antecedentes al país . Frente a esto, la ministra señaló que no es un problema significativo, pues más bien esta norma se considera para casos extremos. Por ejemplo, cuando las personas se exponen a sufrir en sus países penas que están en el borde de la vulneración de los derechos humanos.

Los parlamentarios le consultaron a la ministra sobre las medidas que, además, pretende proponer el Gobierno. En particular, esta preocupación la expresaron quienes representan a zonas que se han visto más afectadas por el aumento de población migrante.

Frente a esto, la secretaria de Estado señaló que buscan perfeccionar los cambios a los procedimientos de notificación de las expulsiones, para mejorar su efectividad. También señaló que existe un listado de temas que se encuentran en compromiso transversal por la seguridad, donde espera cerrar un acuerdo antes de febrero.

Aquí se encuentra establecer que, en 10 km desde la franja fronteriza, se pueda realizar controles de identidad y retener a quienes son irregulares. Igualmente, que en la ley migratoria se establezca que Carabineros puede colaborar en materias de migración. Esto permitiría que, en un control de identidad, Carabineros pueda llevar a la PDI a quienes se encuentran en situación irregular.

Junto a esto, se busca ampliar de 48 a 96 horas el plazo que tienen los servicios para expulsar a una persona del país. Asimismo, requerir un chequeo previo de quienes solicitan refugio.

La ministra explicó que se espera poder cerrar el acuerdo de tramitación de estas y otras normas para presentar las medidas respectivas a tramitación en el Congreso. De no ser viables las conversaciones, aseguró que las medidas comentadas se presentarán igual, pero, seguramente, su tramitación no será tan expedita.

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