El jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, Paulo Contreras, descartó la presencia de la peligrosa organización criminal “Maras Salvatruchas” en Chile, bajando a tierra el discurso alarmista que está intentando instalar la oposición y parlamentarios oficialistas respecto a la llegada de esta peligrosa organización criminal al país, al que ya han llegado otras tan o más peligrosas, como el «Tren de aragua» y brazos de los cárteles mexicanos.

“Hasta el momento lo que nosotros tenemos en materia investigativa -eso significa un trabajo en conjunto con las diferentes fiscalías-, no existen antecedentes para decir como estructura este grupo se encuentre insertándose en el país o instalándose con alguna mirada de iniciar operaciones criminales determinadas”, señala el prefecto inspector en La Tercera.

Además, Contreras señala que tampoco se ha detectado el ingreso de alguien de las características de los “Maras” haya entrado al país a través de los pasos de controles oficiales.

Sin embargo, sostiene que en caso de que sea posible, “tenemos la capacidad de reacción de poder instalar, previa comunicación al Ministerio Público, los sistemas de monitoreo oportuno para controlar su desplazamiento en territorio nacional. Ahora, si esa persona registra algún encargo internacional, independiente que pertenezca a una u otra organización criminal, esa persona va a ser detenida”.

El detective precisa que Chile está siendo visto como un país de interés para estas bandas criminales, ya que “por doctrina -y esto no es un tema de alarma- Chile tiene las condiciones de país ordenado, donde funcionan los tres Poderes del Estado, donde existen garantías a la inversión privada y a la operación pública. Claro que va a ser un país atractivo para las organizaciones que quieren instalar diferentes niveles de operación”.

En cuanto a la petición de una sesión secreta en la Cámara de Diputados y que alertó a los parlamentarios de derecha sobre la posibilidad de que las “Maras” estén ingresando al país, Contreras sostiene que “no hay nada puntual que haya sucedido, sino más bien hay un legítimo interés de nuestros legisladores de conocer en detalle información que muchas veces está subsumida en el ámbito de la inteligencia criminal, que como tal, se podría esperar que pueda no ser comunicada públicamente, porque se trata de información que constituye parámetros de riesgo y no necesariamente información concreta de delitos que estén ocurriendo”.