El reciente anuncio, que, desde el corazón del ministerio del Interior, la Subsecretaría ha propuesto a la Comisión de Defensa de la Cámara crear una Secretaría Nacional, que coordine los departamentos especializados de las policías y las Fuerzas Armadas, es una noticia que no pasa desapercibida en los ámbitos especializados y en otros países.

De aprobarse la iniciativa, que busca que el rol de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, esté enfocado en la UAF, el SII, Aduanas y Gendarmería, todo quedaría a cargo de un solo hombre, uno de confianza para el Presidente.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se encuentra desde la segunda semana de enero tratando de concretar esto, que es una de las prioridades para este Gobierno en el año 2023: contar con una nueva Ley de Inteligencia.

Es que la normativa actual, se encuentra en vigencia desde 2004, pero desde hace cinco años que se está intentando actualizar, lo que no se ha conseguido por discrepancias en el Congreso y por varios problemas producto de no entender cómo funcionan las inteligencias.

Esto, a raíz de que el actual sistema, resulta insuficiente, tanto como para enfrentar de manera eficiente los riesgos y amenazas, como también aprovechar las oportunidades que el Estado tiene de neutralizar y lograr el cumplimiento satisfactorio de sus intereses y objetivos nacionales, dentro de los cuales, se insertan los programas de Gobierno.

Es más, el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Defensa, esperando recibir las indicaciones del Gobierno durante los próximos días.

Dentro de estas indicaciones, existe un elemento fundamental para el Gobierno: la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, una institucionalidad que funcione como nexo directo con el Presidente de la República y reporte de manera directa todo lo relacionado, tanto a la seguridad pública, como eventuales amenazas externas.

Además, buscan que el nueva SNI, coordine al Comité de Inteligencia, que estará conformado por las policías nacionales, -Carabineros, PDI- y fuerzas armadas. A pesar de que la coordinación es una cuestión compleja, que necesita de mayores precisiones. Coordinar es distinto de conducir y controlar, por decir lo obvio.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve explicó a un medio nacional que «la labor que tendrá la Secretaría Nacional de Inteligencia, es asesorar al Presidente de la República en esta materia. También tendría la obligación legal de construir una Política Nacional de Inteligencia de carácter pública”.

Así, y conforme se da a conocer, se crea una superestructura donde se agregan instituciones (SII, Aduanas, UAF, entre otras), pero no se avanza en una reingeniería orientada a fortalecer el necesario trabajo de inteligencia, que se produce en la recolección y análisis de la información recolectada.

He aquí donde se origina uno de los aspectos más complejos del debate, y es que , el hecho de que la coordinación de las operaciones de inteligencia, deban estar sometidos a criterios de coordinación presidencial a través del Secretario Nacional (hombre de confianza del Presidente), constituye un despropósito e ineficiencia que será evidente y entrampara el trabajo concreto de la los organismos operativos de cada institución.

Y, a pesar que desde el Gobierno han existido conversaciones para limar estas asperezas, logrando establecer que sólo el Secretario Nacional de Inteligencia tendría labores de coordinación y de reporte al Jefe de Estado, en el Ejecutivo están conscientes, y con justa razón, de que habrá un intenso debate a la hora de aprobar o no estas indicaciones, pues, entregar la facultad de diseñar los operativos de los departamentos de la FF. AA a una sola persona, generará trabas en el avance de esta SNI.

“Hay un consenso bien transversal de que Chile requiere una ley que genera un nuevo de Sistema de Inteligencia del Estado. La actual legislación está vigente desde el 2004 y, obviamente, las amenazas tanto a la seguridad interior del Estado como de la defensa nacional, se han modificado sustancialmente”, expuso Monsalve, insistiendo en que el sistema de inteligencia está supeditado sólo a las amenazas.

Consejo asesor

Consigo, esta nueva organización, buscará la creación del “consejo asesor”, que se conformará por ministerios de Justicia, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y Defensa, además de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Este consejo, se encargará de profundizar en los temas relacionados a seguridad, ya que serán estas autoridades, las encargadas de supervisar, por ejemplo, una nueva política nacional, la que deberá ser actualizada cada ocho años.

Según el Gobierno, existen tanto la inteligencia interna, que está en manos de las policías, como la externa, a cargo de las FFAA, pero que aún falta una tercera derivada: la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

“Una innovación en esto es incorporar otras instituciones que hoy no están en el Sistema de Inteligencia del Estado y que no realizan labores operativas, que no van a la obtención de información a fuentes cerradas, pero que sí tienen información que puede ser muy importante”, reveló Monsalve.

Las nuevas instituciones que se pretenden sumar al Sistema de Inteligencia son Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La arriesgada apuesta del gobierno para crear un nuevo sistema de inteligencia civil

El anuncio ministerial, conforme la información de prensa que se da a conocer por el medio La Tercera, parece estar más en la idea de una reorganización funcional, con foco en instalar una mayor burocracia en su cúpula, sin atender a las necesidades de estructuras que deben desplegarse bajo criterios metodológicos de análisis y conforme las necesidades del Estado de Chile antes que del Gobierno.

Lo que no debe suceder, es que la actual propuesta termine siendo un parche y dejando los mismos vacíos que hoy se critican, pero con consecuencias más graves. Ello se evidencia en el lenguaje utilizado, muy al estilo del siglo XX.

Pretender que la sola incorporación de un Consejo Asesor, y la creación de una Secretaría Nacional es suficiente para la conducción del Sistema y asesorar al presidente, da cuenta de las insuficiencias de los elementos de la propuesta gubernamental.

Sin duda el debate deberá ser pertinente, amplio y con mirada de futuro a partir de los avances comparados y acreditados en las distintas reformas, tanto a nivel occidental, como también respecto a lo que se precisa en Chile, para apoyar la conducción del estado desde el más alto nivel.

Las deficiencias mostradas por la mal llamada inteligencia policial no se abordan según la información entregada y se espera que un comité asesor, deba visar una propuesta de política de inteligencia surgida desde el Gobierno, sin que exista claridad conceptual y política en torno a la relevancia de esta materia.

Las policías necesitan replantearse su organización de inteligencia y generar una inteligencia criminal sólida, robusta y creíble, que pueda interactuar con entidades chilenas y extranjeras bajo los mismos parámetros, lo que no ha sido señalado por las informaciones entregadas por el subsecretario.