La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados comenzó el estudio de la reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente (Revise los denominados boletines refundidos 15219 y 13085). Recordemos que este proyecto ha recibido fundadas críticas porque sigue desviando la función principal de las FFAA y colocándolas en funciones más bien policiales, debido justametne al constante debilitamiento de las instituciones policiales y a la nula capacidad de la ANI.

La propuesta, que une dos mociones de senadores (as), tiene discusión inmediata, lo que implica un plazo de seis días para su despacho por la Cámara.

El objetivo es otorgar una nueva facultad al Presidente de la República para disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica en caso de peligro. A su vez, autorizar el uso de dicha atribución presidencial para el resguardo de áreas en las zonas fronterizas del país.

En la comisión, las y los parlamentarios manifestaron opiniones divergentes frente a la iniciativa. Algunos plantearon que, por ejemplo, en el norte del país se debería decretar el estado de excepción constitucional.

Otros, en tanto, no son partidarios de aplicar las mismas fórmulas que se han utilizado en la macrozona sur; por lo que apoyan la vía dispuesta en este proyecto.

Finalmente, algunos plantearon, además, avanzar hacia una nueva institucionalidad conformada por una policía fronteriza.

Lo que plantea La Moneda

Desde el gobierno, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, explicó que esta es una reforma habilitante. En el caso de infraestructura crítica, se materializará el procedimiento, posteriormente, a través de una ley específica, que se dictará en máximo seis meses.

La propuesta, respaldada por el Ejecutivo, persigue el poder contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la protección de instalaciones físicas, servicios que sirvan a la población, actividades esenciales para la economía y aprovisionamiento de la población.

Ante ello, la ministra indicó que, también se agrega una preocupación urgente como es la protección de determinadas áreas fronterizas, principalmente en el norte. Esta función se fijará mediante un Decreto con Fuerza de Ley, para ser aplicado desde el mes de febrero.

Precisó que esta facultad que se otorga a quien ejerza la Presidencia de la República no implica la restricción de garantías constitucionales. Asimismo, respeta las reglas sobre uso de la fuerza y las normas de proporcionalidad.

En tanto, la ministra de Defensa, Maya Fernández, sostuvo que el actual Decreto 265, que aplica para las FF.AA. en materia de apoyo logístico, transporte y tecnología en zonas fronterizas, tiene limitaciones que ha dictaminado la Contraloría. Por esta razón, se busca ampliar las atribuciones.

Al respecto, aseguró que existe la disposición de las FF.AA. y que se busca un marco que permita acciones de detención, control de identidad y revisión de personas que ingresan ilegalmente al país.

En la sesión, también participaron los comandantes en Jefe del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (S), quienes reafirmaron su obligación de cumplir la Constitución y las leyes.

Sin embargo, el general de Ejército, Javier Iturriaga, planteó ciertas aprehensiones en torno a la operatividad de la reforma. Estas tiene relación con la operacionalidad de las tropas, el entrenamiento especial, la relación de mando con la autoridad civil y la responsabilidad de mando, entre otros puntos, informó la Cámara