La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, salió este miércoles a aclarar los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto a la negativa del Ejecutivo de aplicar la ley Aula Segura en hechos de violencia en colegios, indicando que las leyes “se tienen que aplicar” y que “no es decisión de cada autoridad”.

Tohá afirmó la jornada del martes que la época en donde hubo más violencia en los establecimientos educacionales fue cuando se aplicó dicha normativa, como una forma de justificar la decisión de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para no aplicarla en distintos colegios donde en el último tiempo se han registrados hechos de violencia.

En ese sentido, Vivanco aclaró a radio Universo que “las leyes se tienen que aplicar. No es decisión de cada autoridad determinar su se aplican o no. Otra cosa distinta es que a uno le puedan parecer buenas o malas, ser de su agrado o no, porque todos, incluso los jueces, tenemos leyes que pueden no gustarnos, pero no podemos hacer esa selección y un juez no puede decir ‘mire, a mí no me traiga a nadie por esta ley’, eso es improcedente”.

La portavoz del máximo tribunal del país también señaló que es preocupante para el Poder Judicial cuando existen niños y jóvenes participando en hechos delictuales o los establecimientos educacionales se transforman en escenarios donde suceden este tipo de hechos.

“Si las leyes no están cumpliendo su propósito, hay herramientas para que lo cumplan, y me parece muy bien que la vicepresidenta del país esté preocupada de estos temas para hacer los ajustes del caso. Las leyes tienen que funcionar, si no funcionan hay que revisar por qué”, dijo la ministra.

Vivanco también se refirió a los cuestionamientos a la Ley Antiterrorista, afirmando que “la problemática que tiene nuestra ley es que exige la demostración de un dolo terrorista que no es sencillo de demostrar, porque muchas personas que cometen actos que pueden ser calificados de terroristas por el común del público, se escudan diciendo que lo hacen por reivindicación de derechos u otra cosa”.

En ese sentido, explicó que “si al juez le piden, de acuerdo a la ley, que tiene que llevar adelante el proceso penal de acuerdo a un determinado ánimo y aquellos que llevan a cabo la acción no son capaces de demostrar ese ánimo, el juez se ve obligado a desechar el caso o a que se reconduzca por otro camino, que es lo que sucede finalmente”.

“Cuesta mucho la demostración de ese ánimo y por eso muchas veces las fiscalías optan por ir solamente por la ley común. Creo que es importante que hoy, a nivel de los órganos colegisladores, esta situación se revise, porque si se tiene una ley, las leyes están para aplicarlas, y si no son conducentes al propósito que tienen, entonces hay que revisar su cambio o su modificación”, remató.