Después de que en 2019 se anunciara un alza de pasajes del transporte público y que desembocó en una ola de manifestaciones que tuvo por las cuerdas al Gobierno de Sebastián Piñera en el denominado “estallido social” y bajo el slogan de “no fueron 30 pesos, sino que 30 años”, la administración de Gabriel Boric vuelve a enfrentarse a una situación similar tras el anuncio del incremento de los valores de los pasajes para las micros y el metro, apareciendo el fantasma de posibles protestas en un periodo de crisis económica, con inflación y ad portas de una recesión.
Y es que el anuncio hecho por el Ministerio de Transportes, respecto a que para el verano de 2023 (enero) se produciría el incremento de los valores de los pasajes para el transporte público y fue el propio secretario de Estado, Juan Carlos Muñoz, quien señaló que “el descongelamiento tiene que ser gradual y estamos pensando en algo que sea como intermedio mantener el congelamiento que queremos descongelar, pero que no alcance la inflación”.
“Va a ser un valor que va a estar entremedio de mantener la tarifa congelada y la inflación”, explicó Muñoz.
Incluso el propio Presidente Boric también abordó la temática, indicando que “en momentos de crisis económicas, el congelamiento de tarifas no es sostenible en el tiempo”, respondiendo a peticiones hechas por Apruebo Dignidad de mantener los precios de los pasajes en consideración a la crisis económica que afecta al país.
Al congelamiento de los valores también hay que sumarle la alta tasa de evasión en el transporte público, la cual se mantiene en un 31% y el aumento de los costos de operación.
Aunque no se conoce el monto del aumento, se estima que el valor de los pasajes sea mayor a los $30 que propuso el panel de experto en 2019, lo cual ya ha provocado una molestia en un sector del conglomerado oficialista.
Específicamente Apruebo Dignidad es el que ha puesto el grito en el cielo, ya que algunos parlamentarios han mostrado resquemores a la idea del aumento y están pidiendo mantener congeladas las tarifas o que el incremento sea gradual, ya que el “próximo año será complejo para las familias”.
Incluso en el debate también apareció la voz de la ex ministra de Transporte y actual presidente de Evópoli, Gloria Hutt, quien se lavó las manos y le lanzó un salvavidas al Gobierno de Sebastián Piñera, exculpando el problema que enfrenta el Ejecutivo con la intención de descongelar las tarifas.
“Si se sube la tarifa, no corresponde a ninguna situación pendiente de años anteriores. Es cierto que la tarifa estuvo congelada dos años, pero esos dos años terminó el sistema con superávit y 2021 se entregó con 1.409 millones a favor”, señaló.
Explicó que “las alzas de tarifa tienen dos componentes: uno es un indexador que recoge los precios de los insumos y otro es el déficit del sistema. Dependiendo de cómo se resuelvan esas dos cosas es que el panel de expertos decreta una eventual alza y el Presidente mantiene la facultad de aplicarla o no, sujeto a que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a congelar tarifas”.
Tanto expertos como parlamentarios coinciden en que un incremento de los valores de pasajes del transporte público es necesario, pero también complicado por el costo social que conlleva, ya que de acuerdo al doctor en Urbanismo y académico del Instituto de Estudios Urbanos, Óscar Figueroa, para el 10% más pobre de la ciudadanía, el aumento representa un 60% de los ingresos familiares.
Considerando el costo de vida actual, un aumento de los pasajes significará una importante merma en el presupuesto de las familias chilenas, lo que podría detonar en un nuevo “estallido social” y vivir situaciones similares a las vividas en 2019.
