Luego de las continuas manifestaciones estudiantiles, especialmente los reiterados ataques que han realizado grupos de los denominados “overoles blancos” en contra de una unidad militar contigua a ese establecimiento educacional, el Gobierno formó una mesa de trabajo destinada a mejorar la recopilación de evidencia y poder sancionar a quienes cometen delitos en estas protestas.

Así lo comunicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien señaló que la idea de esta mesa es poder “recuperar el orden y la seguridad en torno a los liceos”.

“Los hechos delictuales no forman parte de la educación pública (…) los delitos a veces se cometen en flagrancia y hay que mejorar las condiciones para que las personas sean detenidas en ese momento”, aseguró.

La autoridad dijo que quienes cometen delitos en los alrededores de los establecimientos educacionales “tienen que responder ante el Estado de Derecho”.

Y agregó que “el Gobierno va a seguir trabajando en conjunto con el Municipio para responder a las legítimas demandas educacionales, demandas que requieren una respuesta sólida, contundente y sostenida en el tiempo, y se está trabajando en aquello”.

En ese sentido, explicó que el Ejecutivo junto a la Municipalidad de Santiago “tienen también un profundo compromiso con el orden público y la seguridad y, por lo tanto, los hechos de violencia, los hechos delictuales no forman parte de la educación pública”.

“El lanzamiento de bombas molotov, la comisión de delitos tiene que tener una persecución penal efectiva y en eso nos hemos comprometido a trabajar de manera conjunta, de manera de generar las condiciones que permitan, en lo posible, prevenir y evitar hechos de violencia, pero si estos llegan a ocurrir, también tener las posibilidades de poder detener y tener la evidencia necesaria para que las personas que están detrás de esos hechos de violencia, que no tienen como objetivo la educación, puedan responder frente al Estado de Derecho por los delitos que cometen”, mencionó.

Monsalve explicó que “es bien importante generar mejores condiciones para que una vez que las personas son detenidas el Ministerio Público tenga las evidencias necesarias y el estándar de prueba que se requiere para que el delito por el cual se le acusa a esas personas pueda tener la evidencia que lo pruebe y permita, por lo tanto, su sanción”.

.