Una vez más, la Sala de la Cámara se plegó a la petición del Gobierno y aprobó la solicitud presidencial para extender la aplicación del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, la cual rige para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.

Hay que consignar que la primera dictación fue el 16 de mayo pasado y luego, el Gobierno realizó una primera prórroga vía decreto, para posteriormente, cumpliendo el ordenamiento constitucional, solicitar la extensión que se concretó en ocho ocasiones.

El último vence el 28 de octubre próximo y la presente prórroga, aprobada por 113 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, regirá a continuación, por lo que su trámite pasa ahora al Senado.

La prórroga del estado de excepción se fundamenta en la violencia que continúa afectando a los habitantes de la zona de aplicación de la medida. Según se menciona en el mensaje, esta situación afecta el orden público, así como la vida e integridad física de las/os trabajadoras/es y habitantes de esas regiones.

El texto expresa que esta situación complica el normal desarrollo de actividades económicas, impactando la ejecución de proyectos de desarrollo. Igualmente, limita el despliegue de las capacidades del sector público, disminuyendo las posibilidades de desarrollo de muchas localidades.

Se resalta que la medida ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las FFAA y el Gobierno. Su consecuencia directa se expresa en efectos positivos en pro de disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.

Sin embargo, se alerta que, pese a lo anterior, “las circunstancias que motivaron la declaración de estado de excepción aún subsisten”. En tal plano, se estima necesario su prórroga por otros quince días y se espera con ello facilitar la adopción de medidas de protección, siempre en el marco del respeto a los DDHH.

Discusión parlamentaria

En la exposición hubo testimonios en plan de crítica y se acusó pocos avances en los ocho meses de gobierno y desviación de objetivos hacía otras prioridades que no estarían en la urgencia actual. Asimismo, se refutó que en el Presupuesto 2023 no haya una línea de apoyo a las víctimas del terrorismo, familias y empresarios.

Asimismo, legisladores del norte y de Los Ríos también reclamaron por la necesidad de una medida similar en dichas zonas, mientras que otros apelaron a ampliar el uso de la herramienta constitucional y a dotar de más facultades a las FFAA.

Algunas opiniones pidieron recordar que este es un tema heredado y llamaron a no perder la memoria. Igualmente, valoraron los avances concretos en la desmantelación de algunas bandas delictuales y en la reducción de los hechos de violencia.

Además, se llamó a materializar un acuerdo marco sobre seguridad ciudadana para el país y avanzar con energía en la materia.

Punto de vista del Ejecutivo

En representación del Gobierno asistieron las ministras del Interior y de Defensa, Carolina Tohá y Maya Fernández, respectivamente, ocasión en que la jefa de gabinete estimó relevante cumplir con el mandato de la ciudadanía en orden a concretar una nueva Constitución. Sin embargo, sostuvo que ese diálogo está hoy centrado en los partidos.

Informó que con el estado de excepción se constata una rebaja en un 48% de los hechos de violencia, respecto del año pasado. Pero alertó que ello implica no solo poner a militares en materias de resguardo, sino generar una estrategia más amplia.

Acotó que, para ello, se trabaja en fortalecer a las instituciones policiales para que puedan actuar en el futuro sin la necesidad del refuerzo militar. En ello se incluye la formación de más efectivos, le entrega de equipamiento, protecciones y tecnología. Asimismo, generando coordinación con otras entidades.

Sostuvo que los avances se pueden constatar en dos casos emblemáticos. Uno es la detención de una banda dedicada al robo de madera, con 12 personas formalizadas, en La Araucanía. El otro, el desbaratamiento de una banda de robo de autos, en la región del Biobío.

“Ese es un buen trabajo. Eso está coordinando el Gobierno de Chile. Trabajamos para tener resultados, aunque puede que no con la velocidad que se quiere”, observó.

Precisó que, en el periodo de gobierno, se han presentado 346 querellas en el Biobío; 429 en La Araucanía; y 74 en Los Ríos. De ellas, se derivan 112, 157 y 42 imputados, respectivamente. En total, habría 131 condenas en curso.

Otras medidas

Respecto de Los Ríos, Tohá dijo que ya están operando 15 puntos de vigilancia y se incrementó la presencia policial, pero reconoció que avanza más lento el proceso de compra de equipamiento de apoyo.

En el norte, recordó que el Presidente Gabriel Boric y el equipo gubernamental estuvo tres días en la zona. Indicó que parte de ese trabajo deriva en la creación de un comité interministerial y una comisión de coordinación de fiscales.

Finalmente, entre otras referencias, reafirmó la voluntad del Gobierno para llegar un acuerdo sobre seguridad. “Queremos un acuerdo que sirva”, planteó.

Precisó que de las observaciones hechas al Plan de Seguridad del Gobierno, se armará una agenda legislativa consensual. Adelantó que se espera concretar una reunión sobre esta materia con el oficialismo en la próxima semana y, en la siguiente, con la oposición. En paralelo, también se llevarán a cabo encuentros con las asociaciones de municipios y de gobernadores. Así, dijo que esperan tener, antes de fin de año, lo que llamó un “compromiso transversal por la seguridad”.