La bancada de diputados, encabezada por la integrante de la Comisión de DDHH de la Cámara, Ximena Ossandón, junto a Andrés Longton y Sofía Cid -jefe y subjefe-, enviaron una carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Federico Villegas, para exponerle la compleja situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) debido a actuaciones que podrían vulnerar su autonomía y el estatuto que lo rige, respaldado en los “Principios de París” contemplados en la Resolución 48/134 del 20 de diciembre de 1993, aprobada por la Asamblea General de la ONU.
Los parlamentarios detallan que el INDH, “paradójicamente, pareciera que no ha sido el guardián de los derechos humanos, y ha vulnerado los derechos de las personas”.
En la carta relatan una serie de hechos, desde que asumió como director Sergio Micco (julio 2019), pero especialmente tras las violentas protestas de octubre de ese mismo año.
En ese contexto, la dirección del INDH ejerció un rol de observación de las actuaciones del Estado con el fin de proteger las garantías fundamentales de las personas, situación de la cual esperan tomar conocimiento los parlamentarios. Considerando además que Micco renunció antes del fin de su período con declaraciones públicas que “constituyen una directa amenaza al importante rol que este órgano ejerce”.
“En particular, estos actos habrían estado constituidos por una oposición implacable a la gestión del exdirector, tanto por parte de los consejeros (quienes no concurrieron con su voto a elegirlo para dicho fin), como por parte de los trabajadores del organismo que hacían eco de dicha oposición, lo que se habría iniciado a poco transcurrir el período de sus funciones”, dice la carta.
La diputada Ossandón aseguró que “la protección de los derechos humanos es una cuestión fundamental, y no puede ser el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos el encargado de atropellarlos. Las instituciones nacionales de derechos humanos juegan un rol esencial en las democracias actuales, y por tanto utilizarlos con fines políticos o electorales es de una bajeza total y compromete a Chile como Estado. Si no cesa esta situación, se seguirá acrecentando la lejanía de las personas con el INDH y, paradójicamente, será culpa de quienes majaderamente se instalan como los defensores de los Derechos Humanos”.
Por su parte, la diputada Sofía Cid, señaló que “el Instituto ha sido utilizado políticamente e incluso con fines electorales. Es de extrema gravedad que, por ejemplo, se utilizaran recursos del Estado y las herramientas legales que tiene el INDH, para llevar a cabo una persecución penal selectiva y arbitraria, particularmente contra carabineros. Además, se acosó y aplicó una política de cancelación en contra de Sergio Micco, solo porque no fue funcional a las pretensiones políticas de miembros del Consejo. Si el Consejo de Derechos Humanos y en general Naciones Unidas parece ser más receptivos a las denuncias de la centro izquierda, esperamos que alguien de las credenciales democráticas de Ricardo Lagos ayude a que tomen cartas en el asunto”.
Los parlamentarios se explayan en la denuncia de Micco de haber sido coaccionado para presentar acciones judiciales en contra del Estado y sus agentes, en circunstancias que no ameritaban ser calificados como atentatorios contra Derechos Humanos, sino que eran más bien útiles para acusar al Gobierno de aquel entonces como un transgresor de tales garantías. En sus dichos, se presentaron 103 acciones por posibles desapariciones forzosas, de las cuales 102 correspondían a sujetos que aparecieron rápidamente.
Incluso deslizó la participación de personeros que son miembros de partidos políticos que integran el actual Gobierno, los que le habrían requerido manifestarse a favor de la tesis de la existencia de presos políticos en Chile, situación que ha sido desmentida por todos los órganos involucrados en actividades de persecución penal, incluyendo al Poder Judicial, y a la organización Human Rights Watch en declaraciones oficiales de su director de la División de Las Américas.
Los parlamentarios, además señalan que el Presidente Gabriel Boric nunca quiso recibir a Micco a pesar de la solicitud oficial para tratar las materias del INDH.
Agregan en la carta a Villegas, que “resulta necesario señalar que la conducta hostil hacia el exdirector tiene un antecedente importante en su inclinación política, siendo él miembro de un partido político de centroizquierda en el espectro político chileno: el Partido Demócrata Cristiano”.
Mencionan también el informe del coordinador del INDH de la macrozona sur, Michel De L´Herbe, que terminó siendo separado de sus funciones por razones ideológicas contrarias al actual gobierno.
Respecto de Micco, además se señala que ha recibido muestras de desagravio, incluso del ex Presidente Ricardo Lagos, “cuyas credenciales democráticas son incuestionables a nivel mundial”, quien indicó que “nunca pensé que en un Instituto Nacional de Derechos Humanos se iban a violar, con la violencia, los derechos humanos«.
Agregan en el documento que las actuaciones denunciadas por Micco, “dejan en evidencia una vulneración a la independencia del organismo, ya que ésta exige, como resulta obvio, que los poderes públicos a los cuales el Instituto vigila u observa en materia de Derechos Humanos, no se inmiscuyan en su labor, sino que desempeñen, únicamente, un rol de asesoría o de colaboración. Al contrario, el exdirector del organismo ha develado la intromisión de personeros políticos de otros poderes u órganos del Estado en sus labores, así como una omisión del Gobierno en materia de atender sus requerimientos, lo que también afecta en los cometidos que debe realizar”.
Misma situación ocurriría con el ex coordinador de la macrozona, que “sin mayor justificación que la suerte de compromiso ideológico que existe en torno a las personas y organizaciones que protagonizan graves hechos de violencia en las regiones del sur de Chile”.
Finalmente, los parlamentarios, solicitan a Villegas tomar conocimiento de estos hechos y requerir un “informe al Estado de Chile sobre la materia expuesta con el objeto de alcanzar un conocimiento acabado en miras a las actuaciones que podría ejecutar para que se resguarde la plena autonomía y pluralismo al interior del INDH de Chile”. Solicitan asimismo en la misiva “la visita in situ de representantes del Consejo de Derechos Humanos para que califiquen la situación y evacuen un informe en torno a una situación que resulta inaceptable y una transgresión de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile”.
