La bancada de diputados RN, encabezada por Andrés Longton, se reunió esta mañana con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para hacer entrega formal del proyecto de ley “Sargento Retamal” y analizar la agenda de 100 medidas para combatir la delincuencia impulsada por los parlamentarios. En la oportunidad, los legisladores de derecha insistieron en emplazar al Gobierno y ahora fue para que no tenga miedo de hablar de terrorismo.

En el encuentro también participaron Paula Labra y José Miguel Castro, quienes tras entregarle el apoyo a la institución luego de la última víctima, Juan Carlos Retamal, el mártir 1.229 de la institución, abordaron las distintas aristas de la problemática criminal que enfrenta el país, donde las encerronas y homicidios han copado la agenda.

Tras la reunión, Longton precisó que “vinimos a entregarle el respaldo absoluto a Carabineros, al general director, por lo que ha ocurrido en el último tiempo y está ocurriendo no solo por la delincuencia, sino que también respecto a la protección de nuestras policías. Vemos con preocupación la falta de apoyo político y también desde el punto de vista legislativo, ha repercutido en agresiones y muertes de quienes nos protegen”.

El parlamentario también se refirió a las palabras del fiscal Héctor Barros, quien en relación a la bomba encontrada ayer en Las Condes dijo que Chile “no tiene una Ley Antiterrorista que nos sirva para poder procesar o enjuiciar este tipo de casos”.

Ante ese emplazamiento, Longton coincidió con las declaraciones, añadiendo que la legislación “necesita muchas modificaciones para convertirse en una herramienta contundente y efectiva de persecución… Y adivine qué, la Ley Antiterrorista no avanzó en las modificaciones propuestas en la legislatura anterior, precisamente porque hay un sesgo importante por los sectores más radicalizados de Apruebo Dignidad de romantizar o darle romanticismo a lo que está ocurriendo la Macrozona Sur”.

Y llamó al Gobierno a no tener miedo de hablar de terrorismo, indicando que “lo que ocurrió ayer es terrorismo y lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur, también es terrorismo; entonces, primero tenemos que partir con abandonar estos sesgos ideológicos, abandonar estos simbolismos que pretenden dar señales a los violentistas y empezar a hablarle a las víctimas. Y con la verdad, lo que hay en la Macrozona Sur y lo que ocurrió ayer es terrorismo puro y duro”

Finalmente, los parlamentarios esperan que el Ejecutivo patrocine la iniciativa “Sargento Retamal” que agrupa medidas para establecer sanciones penales drásticas contra quienes atenten contra Carabineros y de urgencia para marcar una clara señal de apoyo a la institución policial.

Formalización de Carabineros en el sur

Respecto a los dos carabineros formalizados en la Macrozona sur por robo de madera, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, José Miguel Castro, señaló enfático que “sabemos que en un total de 60 mil personas pueden haber manzanas podridas, y éstas hay que extirparlas, sacarlas, pero no por eso vamos a condenar a todos aquellos que cuidan a nuestros hijos, a quienes llamamos cuando nos sentimos amenazados por los delincuentes. Son esos carabineros a los que hay que proteger, a los carabineros que están en las calles; a ese es al que hay que sacar adelante, y el alto mando lo tiene clarísimo y lo dijo en esta reunión”.

Proyecto Sargento Retamal

La iniciativa agrupa medidas para establecer una sanción penal más drástica ante delitos cometidos en contra de Carabineros, detectives y funcionarios de Gendarmería, disponiendo mayores herramientas para su labor.

El proyecto busca crear una ley autónoma que se constituya como un verdadero Estatuto actualizado de protección de las policías y de Gendarmería.

Este consta de 12 artículos cuyo contenido y alcance es el siguiente: Establecer una sanción penal más drástica y objetiva ante delitos de homicidio, maltrato de obra y lesiones cometidas en contra de funcionarios policiales, define una nueva redacción para los delitos de homicidio, “maltrato de obra” y ciertos tipos de lesiones graves en contra de los funcionarios y dispone un marco especial para sancionar a quien asesina a un funcionario policial persiguiendo una utilidad (“sicariato”).

Además, amplía el catálogo de medios armados de actuación y defensa que Carabineros y la Policía de Investigaciones pueden emplear, como también dispone que el cometer delitos contra la vida o integridad física de personal policial o de Gendarmería configuran el estándar de constituir “un peligro para la sociedad” con miras a la aplicación de la prisión preventiva: el estándar de “peligro para la sociedad” habilita al juez para instruir la medida cautelar de prisión preventiva.

También restringe el acceso a beneficios de cumplimiento penal respecto de aquellos condenados por atentar contra la vida o integridad física de personal policial o de Gendarmería. Introduce una nueva regla para determinar las penas aplicables ante delitos que constituyan un ataque a la vida o integridad física de los funcionarios.

Tipifica el delito de arrojar elementos incendiarios contra recintos o vehículos policiales: para este objeto modifica la Ley de Control de Armas y también permite a Carabineros la realización del control preventivo de identidad de los ocupantes de un vehículo.

Crea la pena accesoria de expulsión del condenado por homicidio, así como por “maltrato de obra” grave o lesiones graves (castración o mutilación) y establece una presunción de racionalidad en el medio empleado cuando el funcionario policial o de Gendarmería repele un ataque haciendo uso de su arma de fuego institucional.