El Gobierno de Daniel Ortega está tomando como «rehenes» a familiares de disidentes sandinistas u opositores, con el fin de obligarlos a que entreguen a sus parientes que han huido de Nicaragua, denunciaron distintos organismos de derechos humanos de ese país centroamericano.

«Este comportamiento delincuencial no tiene precedentes en la historia, no es característico de ninguna dictadura, posee los ribetes de un secuestro donde el secuestrador se apodera de víctimas inocentes, las toma como rehenes para lograr capturar a la persona a quien quiere secuestrar«, señaló el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) en una declaración pública.

Ese organismo, crítico con el Gobierno de Ortega, aseguró que «en las últimas semanas» ha dado seguimiento y «documentado un nuevo patrón represivo del régimen Ortega Murillo en contra» del movimiento político Unión Democrática Renovadora (Unamos), antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que incluye a sus familiares.

Acciones arbitrarias e inconstitucionales

Citado por el diario La Prensa, el abogado Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca +, señaló que “la captura de familiares, de seres queridos de las personas perseguidas” por parte la policía evidencia “un patrón de acciones arbitrarias e inconstitucionales” del régimen de Ortega.

El rotativo denunció la detención de Jeannine Horvilleur, de 63 años, y de su hija Patricia Álvarez Horvilleur, sacadas por la fuerza de su casa por la policía y detenidas sin mediar orden judicial, por ser familiares de un opositor que huyó del país.

«A nivel nacional se ha desatado una estrategia de acoso, persecución, amenazas, e incluso detenciones arbitrarias de integrantes del partido y sus familiares. Se registran más de 10 al cierre de esta nota«, sostuvo el Cenidh.

Piden «acciones urgentes»

Para el Cenidh, las detenciones de familiares desvinculados de la política «supera la gravedad delictiva del secuestro extorsivo, que, según el Código Penal, es cuando se exige un rescate o cualquier utilidad monetaria«.

«En este caso el régimen está exigiendo la vida, la integridad y seguridad de seres humanos inocentes, por eso toma como rehenes a los familiares de las víctimas a las que está criminalizando para capturarlas, masificando la victimización y violándoles el derecho a la libertad individual, la integridad personal, física y psicológica, el derecho a la presunción de inocencia, entre otros«, advirtió.

Para el Cenidh, las detenciones de los familiares de opositores «no es una persecución coyuntural» de cara a las elecciones municipales de noviembre próximo, sino que «estamos ante una evidente decisión de aniquilamiento política y físicamente» de los disidentes.

Por tanto, ese organismo lanzó «esta alerta urgente a nivel nacional e internacional» y pidió a todas las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, de derechos humanos y organizaciones que dan seguimiento a la crisis de Nicaragua desde el exterior, «a valorar y priorizar esta situación en su agenda de acompañamiento e impulsar acciones urgentes«.

Llamado a la CIDH

Particularmente hizo un «llamado especial» a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (Meseni) y a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), «a analizar esta situación e impulsar acciones en concordancia con la gravedad y urgencia que el caso amerita«.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.