En las últimas semanas se ha escuchado, en el tema político y específicamente en las estancadas negociaciones para un nuevo proceso constituyente, el concepto de “bordes” o “principios orientadores” que instaló Renovación Nacional -que lidera la oposición más dura e inflexible- e incluso la izquierda y el propio Presidente Boric, pero que también han sido cuestionados por el oficialismo, indicando que son especies de límites al proceso que busca redactar una nueva Constitución para el país, pero que igual «se compraron» y todos están hablando de esta nueva nomenclatura o mejor dicho siutiquería política que engloba esta palabra que deslumbra y que tiene algo de solemne, enigmático y con significado incierto y que ante tanta ignorancia de los políticos de turno y de cierta prensa, la compran con toda facilidad sin tener muy claro que esconde la palabrita de moda porque pareciera ser la forma «bonita» del gatopardismo del pasado «cambia para que nada cambie».

Para el oficialismo, la postura de Chile Vamos con estos “límites” es considerado una forma de dilatar una rápida salida al proceso, incluso poner márgenes a la discusión que debe ser autónoma y soberana en la nueva convención.

Y es que para el conglomerado de derecha, la idea de estos “bordes” es la de definir el rayado de cancha que encauce la redacción de la nueva propuesta constitucional, alejándose lo más que se pueda de la Convención anterior y dejando claro la idea de “no refundar Chile”, por lo tanto, dejar de esta forma a los “extremos” tanto de la izquierda como la derecha.

Pero cuáles son los “límites”, “fronteras”, “bordes”, “amarres” o “principios orientadores”. El planteamiento hecho por Chile Vamos en el documento “Principios del nuevo proceso: mayor presencia de la institucionalidad y distancia del proceso anterior”, se plantean los márgenes que debería tener el nuevo proceso.

Entre estos destacan la unidad de la nación, existencia de tres poderes del Estado autónomos e independientes, Congreso bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado, la protección de derecho a la vida, igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, protección del medioambiente, protección de la propiedad, haciéndola extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de las aguas, consagración expresa de Carabineros y las fuerzas de orden, derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional y Banco Central autónomo.

Con estos puntos dado a conocer por el bloque opositor se busca dejar de lado a los sectores más extremos, principalmente a los Republicanos que de hecho no quieren una nueva Constitución y mantener la cuestionada y reformada de 1980, la cual en el plebiscito de entrada se determinó que había que cambiarla y darle el paso a una más moderna y equitativa para la sociedad chilena. Incluso, en ese mismo proceso se estableció que los políticos y partidos no intervinieran al rechazar la Comisión Mixta para redactarla.

Sin embargo, las voces críticas a los 10 puntos con las que la derecha quiere rayar la cancha del proceso constituyente apuntan a que se trata de mantener los principales aspectos de la vetusta y criticada Constitución de 1980, es decir, reformar la que está vigente y presentarla como algo nuevo.

Incluso, el timonel de la UDI, senador Javier Macaya, señaló el fin de semana, en el programa Mesa Central de Canal 13, que “nos han acusado de que queremos escribir antes la Constitución, que queremos omitir la deliberación necesaria y democrática que se tiene que dar por el órgano (…) no es inhibir esa deliberación democrática que se tiene que dar en el órgano, pero sí fijarle una cancha”.

Incluso ironizó con que “aún las hojas en blanco cuando tu las miras, tienen bordes, nadie va a salir de él, son intransables”.

Una de las propuestas de Chile Vamos apuntan a instaurar una “comisión de expertos”, algo cuestionada por gran parte de la sociedad, debido a que un “comité de expertos” fue el que subió el pasaje del Metro en $30 en 2019 y que derivó en el estallido social del 18 de octubre. A esto, también hay que agregarle que en el oficialismo causa resquemor que este “comité” sea designado a “dedo”, ya que la postura del conglomerado que sustenta el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es la que todos sus integrantes sean electos y que puedan estar los expertos asesorando la discusión de la redacción de la nueva Carta Magna, pero no más que eso.

A lo anterior hay que plantear que el comité de expertos o “político-técnico” sea el que elabore estos “bordes” y que trabaje, además, en la propuesta de itinerario. Pero lo más vergonzoso es que dicho comité esté compuesto por delegados en proporción a la representación parlamentaria de los partidos políticos.

Con todo este “quilombo” que se ha generado tras el plebiscito de salida del 4 de septiembre y el triunfo del Rechazo, los sectores políticos, especialmente la derecha, se ha arrogado la postestad de fijar ciertos criterios para la negociación y de atribuirse el triunfo como suyo, por lo que queda en duda el slogan de campaña “Rechazar para Reformar”, ya que la luz al final del túnel se ve lejano y el país aún deambula en la oscuridad, incluso ya comienza a manifestarse la molestia de la gente a lo que, en redes sociales, catalogan de un “engaño”.