El alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), considerado uno de los liderazgos jóvenes de la derecha más moderna, ha publicado la siguiente Carta Abierta titulada: «Nueva Constitución pero derechos sociales aquí y ahora», en la que hace un llamado de atención a la élite política y pide de manera urgente un Acuerdo Nacional para enfrentar «la delincuencia, la desigualdad, las pensiones, salud y educación públicas son desafíos que debemos abordar con rapidez y efectividad aquí y ahora».

«En el plebiscito ganó la sensatez democrática, la misma que sabe que necesitamos como país un buen y nuevo texto constitucional que concite amplio consenso, pero también derechos sociales aquí y ahora, partiendo por el derecho a la seguridad, primera obligación que que el Estado debería cumplir.

Urge un gran acuerdo nacional que condene y castigue en serio la violencia y el narcotráfico; lo que no es contradictorio con redactar una nueva constitución con participación ciudadana, paridad y plebiscito. Por ningún motivo podemos permitir un proceso constituyente entre cuatro paredes, pero claro que se necesita definir bordes o principios fundantes: igualdad ante la ley, independencia de poderes, sistema político equilibrado que brinde soluciones rápidas y no pueda ser manipulado por la mayoría política de turno para perpetuarse en el poder o ser impune.

Nos afecta una gravísima crisis con la delincuencia, entre otras razones, producto de un garantismo enquistado en muchos ámbitos del quehacer nacional. Probablemente los abundantes guardaespaldas (PPI) que tienen algunas autoridades no les permita sentir el miedo que tiene la gente en la calle.

Es urgente una agenda de seguridad de corto, mediano y largo plazo contra la delincuencia y el narcotráfico. Crear inmediatamente la defensoría de las víctimas con igual rango constitucional y recursos que la defensoría penal pública, que brinda, a todo evento, ejércitos de abogados a los delincuentes. Necesitamos que la justicia sea expedita y efectiva.

Con real voluntad política del Gobierno y el Congreso, se podría aprobar aquí y ahora la gran mayoría de derechos sociales fundamentales por los que Chile espera, pero que no aniquilen solapadamente las libertades, por el contrario, que exijan al Estado los ritmos y modernización necesarios para cumplir a cabalidad con las chilenas y chilenos.

Así como la delincuencia, la desigualdad, las pensiones, salud y educación públicas son desafíos que debemos abordar con rapidez y efectividad aquí y ahora.

Establecer el objetivo de que la salud pública sea igual de rápida y buena que la privada. Nadie en su sano juicio pagaría por un servicio privado si es que el Estado se lo brindara gratuitamente con la misma rapidez y calidad. Más importante aún: nadie merece morir esperando en listas de espera o haciendo bingos para operarse.

Se puede consagrar ahora el derecho a la vivienda social digna y propia, la no expropiabilidad de los ahorros previsionales y derecho a pensiones dignas. También la paridad de género y una efectiva protección del medioambiente, que son desafíos prioritarios.

Garanticemos el acceso universal a la educación pública, gratuita y de calidad incluso desde la etapa preescolar, y la libertad de enseñanza que permita a los padres elegir el establecimiento educacional que estimen adecuado para sus hijos.

Queremos que Chile permanezca unido pero dando un trato justo a sus pueblos indígenas, garantizando el respeto de sus derechos y cosmovisiones, y donde avancemos en una verdadera descentralización y autonomía hacia las regiones y los gobiernos locales que son la primera línea del Estado.

Las fuerzas transversalmente democráticas de Chile no deberían demorar en construir un camino de solución que brinde renovada legitimidad y gobernabilidad asegurando estabilidad y progreso al país; para lo que es requisito esencial condenar, sancionar y detener definitiva y seriamente la violencia, la misma con la que algunos siguen coqueteando, aprovechándose de fallas evidentes y groseras del sistema.

En esta nueva etapa, como otra cara de la misma moneda de los derechos sociales, se tiene que establecer el deber de cumplir con normas mínimas de convivencia pacífica y responsabilidad cívica.

Si queremos de verdad fortalecer la Democracia, no se puede tener a las chilenas y chilenos de rehenes mientras se redacta una nueva constitución, esperando cual lista de espera que con lentitud se consagren derechos sociales que cuentan ya con amplio consenso.

Hay que sanar y curar las heridas de Chile, y para eso debemos acometer ya los cambios que tanta falta nos hacen.

Los parlamentarios deben estar conscientes que los derechos sociales tienen que estar plasmados en una nueva Constitución pero por ser un gran anhelo mayoritario podrían discutirse e implementarse ya.

Las alcaldesas y alcaldes diariamente escuchamos las urgencias sociales en terreno y por eso también podemos aportar ideas de cómo lograrlo. Tenemos que avanzar cuidadosa pero diligentemente para que los extremos no capturen el país con la violencia por un lado, o la intransigencia por otro», remata la carta que firma German Codina.