Una querella por el delito de violación de secretos presentó el abogado de DDHH, Luis Mariano Rendón, en contra del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, y en contra de los demás funcionarios públicos que resulten responsables por filtrar información en un caso contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, y que desembocó en la salida de la exministra Jeanette Vega.

La acción imputa al perseguidor la comisión del ilícito del artículo 246 del Código Penal, debido a que «han pasado dos días completos desde que se dieron a conocer estas filtraciones de conversaciones privadas que son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de la investigación en curso”.

“He esperado que el Gobierno interponga la correspondiente querella y a lo más he escuchado al presidente Boric formular «peticiones» a través de os medios para que se investigue. He esperado que algún parlamentario, todos los cuales cuentan con asesores legales financiados por todos nosotros, lo hiciera. He esperado finalmente que el fiscal nacional ordene iniciar de oficio la investigación. Nada de ello ha ocurrido”, explicó Rendón.

Por tal motivo, el abogado dijo que “me veo obligado yo, un simple ciudadano, a poner nuevamente en marcha el proceso penal a fin de que estos hechos no queden en la impunidad. Si bien los hechos materia de la querella afectan a las comunicaciones de una persona en específico, el señor Llaitul, con quien no me une ningún vínculo y con cuyo actuar público por lo demás no siento ninguna simpatía, constituyen al mismo tiempo un nefasto precedente de alcance general”.

En ese sentido, argumentó que “estas filtraciones de conversaciones privadas penalmente irrelevantes dejan absolutamente cuestionada la técnica investigativa de la interceptación telefónica a los ojos de la ciudadanía. Estos hechos deben ser sancionados, a fin de que la justicia envíe un mensaje muy claro a los policías y fiscales, en el sentido que no se permitirá la perversión del proceso penal para favorecer montajes en contra de ningún sector”.

“No sería primera vez, recordemos el caso del allanamiento a la sede de Comunes, en que Fiscalía aparece siendo parte de hechos que tienen todas las características de operaciones políticas. Chile está a tiempo de salvaguardar la credibilidad de su sistema procesal y evitar la deriva que se produce en otros países hacia la manipulación política de las instituciones de la justicia, cuyo recto funcionamiento es esencial para el mantenimiento de la paz social”, recordó.