Después varios días de controversia, y tal y como lo adelantaron anoche tras la reunión del PPD con el Presidente Gabriel Boric en el palacio presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, y la líder del partido, Natalia Piergentili, este jueves los partidos del oficialismo dieron a conocer los acuerdos logrados para modificar la propuesta de nueva Constitución ante un eventual triunfo del Apruebo en el Plebiscito del 4 de septiembre.
Plurinacionalidad: Sobre la Consulta indígena, «se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere solo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que solo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el Convenio 169, actualmente en aplicación en Chile, desde que fuera ratificado el año 2008», precisa el documento.
Además, indica que «las autonomías territoriales contempladas en la Constitución se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile. Asimismo, proponemos que se establezca en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes».
Sobre los sistemas de justicia indígena, «reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema», añadieron.
Derechos Sociales: Respecto a las pensiones, «nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, incluyendo mecanismos de heredabilidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional», recalcaron.
Sobre la propiedad de las viviendas, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, sostuvieron que «están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerán bajo toda circunstancia».
Por otra parte, agregaron que «el Sistema Nacional de Salud permitirá a distintos gobiernos, de distinta tendencia política, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores, sino al contrario. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse en la red del nuevo Sistema Nacional de Salud».
Mientras que la educación como derecho social, y en su implementación legislativa, «se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del sistema nacional de educación», expusieron.
Seguridad: Respecto a los Estados de Excepción, «estableceremos el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, permitiendo que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional o del Estado de derecho, con estricto control en el respeto de las garantías constitucionales.
Sistema Político: Sobre el nuevo sistema político, los firmantes del acuerdo manifestaron que «valoramos, manifestamos nuestra disposición y compromiso de analizarlo para que se logre el mejor equilibrio en el Poder Legislativo y entre los distintos poderes del Estado, del gobierno central y el fortalecimiento de las regiones».
«Las iniciativas de gasto fiscal, respetarán siempre el beneficio de las personas y el principio de responsabilidad fiscal. En este sentido, creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irrogue directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal», explicaron.
Sin embargo, a su juicio, «evaluamos pertinente, que para una mejor administración del Poder ejecutivo y los propios procesos político-electorales, es pertinente que la reelección presidencial no proceda consecutivamente».
Poder Judicial: Respecto al Poder Judicial, proponen «reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de «Poder Judicial». Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos».
«Esta Constitución es un nuevo pacto social»
A través de un comunicado, señalaron que «suscribimos el presente acuerdo con el fin de contribuir a que las chilenas y chilenos, en el marco del Plebiscito que celebraremos el día 4 de septiembre de 2022, tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo. El presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, y constituye una contribución al voto responsable e informado».
«Esta Constitución es un nuevo pacto social que valoramos profundamente. El anhelo de derechos sociales que ha expresado la ciudadanía, se hace realidad bajo el Estado Social y Democrático de Derecho, basado en la solidaridad que la Constitución actual nos ha negado persistentemente. Abriremos un nuevo camino, con políticas públicas transformadoras, que avancen en el sentido que Chile reclama y aseguren igualdad de oportunidades a todos y todas, con especial énfasis en paridad, la niñez, las mujeres y las personas mayores», agregaron.
Asimismo, afirmaron que «es esta la Constitución que nos representa y que estimamos necesaria para mejorar la vida en nuestra patria. Las siguientes materias son aquellas que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional. Cabe hacer presente que conforme a la Nueva Constitución, las actuales propuestas serán necesariamente aprobadas y debatidas democráticamente y con participación ciudadana».
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