Una Constitución es, antes que nada, un acuerdo básico de las normas de una sociedad. Es la piedra angular desde donde todo el contrato social se desprende, a través de una sucesión de leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas. En ese sentido, una Constitución es más bien una consecuencia antes que una causa. Es la formalización de los “Mínimos Comunes” implícitos a través de las cuales una sociedad configura lo que Rousseau denominó como el “Contrato Social”. Lo anterior es fundamental de recordar, pues implica que una sociedad no cambia su Constitución en circunstancias normales, y de hecho, normalmente se hace “fuera del Derecho”, pues precisamente busca reflejar una imagen de un nuevo Pacto Social o acuerdo básico.
No es casualidad entonces, que la enorme mayoría de las Constituciones del mundo occidental nazcan de grandes crisis. Basta revisar los procesos constituyentes franceses para comprobarlo. Latinoamérica no es una excepción, y Chile tampoco, con nuevas constituciones derivadas siempre de cambios de equilibrios de poder, como se pudo ver en 1833, 1925 o el mismo 1980 o incluso el 2019. Incluso, múltiples procesos de reformas han reflejado los mismos procesos.
Nacida de un Gobierno de Facto, la Constitución de 1980 reflejaba la combinación de un sistema de “Democracia Protegida” combinada con un modelo económico determinado. La clave, sin embargo, era la alusión a la “Democracia Protegida” que buscaba reflejar un retorno a la versión inicial de la Constitución de 1833. La transición, sin embargo, y en particular el triunfo del “No” el 5 de Octubre de 1988 implicaron que una gran reforma fuera acordada ya desde 1989, antes incluso de la primera elección democrática, donde se eliminaron los elementos mas rígidos de la Constitución original, en particular el artículo 8°, que restringía la existencia de Partidos Políticos por motivos ideológicos o del rol de “Garantes de la Institucionalidad” de parte de las Fuerzas Armadas.
Con el avance de los Gobiernos de la Concertación, la Constitución continuo siendo modificada, incluyendo múltiples “aperturas”, que afectaron a su propio texto, sus Leyes Orgánicas y diversos elementos del Sistema Político. Sin embargo, no sería hasta el año 2005, cuando una profunda reforma realizada bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, intervino en profundidad el texto original, al punto de cambiar el sentido básico de la organización del sistema de poder. La eliminación de los Senadores Designados, la eliminación de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, y una extensa serie de elementos, no solo dejaron una muy reducida cantidad de artículos que sobrevivían desde la versión original de 1980, sino que la mayoría de estos realmente provenían desde la Constitución de 1925 e incluso desde la de 1833. Un proceso así, consolido una dinámica de evolución que es clásica en los textos constitucionales.
Estos van lentamente quedando desplazados de la realidad del desarrollo de sus sociedades matrices, y a menos que sean textos genéricos de tipo muy básico, como la Constitución de los Estados Unidos, que tiene solo 7 artículos (mas bien capítulos), en general las Constituciones enfrentan un momento en concreto en el que deben de ser reemplazadas. Trágicamente, esta situación se hace evidente solo de forma extra institucional. Muchas veces incluso violenta. Es el caso del proceso chileno dentro del que nos encontramos. Mas allá de varios intentos previos, uno incluso en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, fue solo tras el Estallido Social del 18 de Octubre del 2019, que en un urgente proceso negociatorio que se llevo a cabo entre el 12 y 15 de Noviembre se llego a un “acuerdo por la paz y una nueva Constitución”. El que después se configurara una reforma constitucional (a la versión corregida el 2005 de la Constitución de 1980) difícilmente puede soslayar el hecho de que este proyecto nace de una fuerte ruptura del Orden Publico, con motines, violencia e incendios por varias semanas a lo largo de todo el país.
El Plebiscito que aprobó por un 78% iniciar este nuevo proceso, se caracterizó por la contundencia del voto favorable, pero la elección de Constituyentes, desarrollada en un momento de máxima crispación por la Pandemia de COVID y la debilidad de Sebastián Piñera en la Presidencia generó que se conformara una Asamblea particularmente orientada o inclinada ideológicamente. El Borrador que ofrecieron al país el pasado 4 de Julio del 2022 es un documento, por tanto, no solo con una orientación especifica y muy influida por el activismo de muchos de los Constituyentes, sino que además con severos problemas de disfuncionalidad en su articulado, en particular la configuración única, salvo algunos países africanos, de su sistema político, que combina presidencialismo con un sistema de bicameralismo no solo asimétrico sino además desbalanceado fuertemente. Múltiples otros problemas, que van desde incluir en el texto constitucional elementos propios de ley o incluso reglamentos, pero que fueron exigidos por el ánimo activista de diversos Convencionales, o la fuerte pugna y alejamiento de respeto social que generó la sucesión interminable de gafes que protagonizaron los Constituyentes, nos dejan en una situación en que, lejos de haber sido un punto de reunión para celebrar una nueva revisión de nuestro “Contrato Social”, el Proyecto se convirtió en un documento a través del cual un sector ideológico especifico busca imponerse sobre los demás. Esta situación genera que, a poco menos de tres semanas del plebiscito de ratificación o descarte, existe un consenso a través de todas las encuestas desarrolladas desde el mes de Abril donde el Rechazo se impone sobre el apruebo.
Lo anterior nos recuerda que, mas allá de lo que algún bando político en especifico desee, es imposible imponer una visión de mundo contra la voluntad del resto de la sociedad y, sea cual sea la opción que se imponga, solo implica que deberemos enfrentar aun muchos años de decantación de ese proceso de consensos, que primero debe de ser implícito en la sociedad, antes de que su formalización en el texto pueda pasar a ser considerada viable o aceptada en el contexto de lo que ya se ha convertido en un cliché: La “Casa de Todos”.
Fernando Wilson L., Dr. en Historia, Profesor Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez.
