En su último día de gestión, la oficina de la saliente alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó el largamente esperado informe sobre las violaciones de derechos en la región china de Xinjiang, pese a la enorme presión ejercida por Beijing para evitar su publicación.

Fue sí como en un informe de 48 páginas, la ONU denunció al régimen chino por cometer graves violaciones a los derechos humanos en esa región.

Las conclusiones del informe resaltan, entre varios aspectos, que la República Popular China “ha cometido graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el ‘extremismo’”.

En ese contexto explica que “la aplicación de estas estrategias y de las políticas asociadas en la RAE de Xuan ha dado lugar a pautas intercaladas de restricciones graves e indebidas de una amplia gama de derechos humanos. Estos patrones de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas”.

En ese sentido, el informe destacó que “estas violaciones de los derechos humanos, tal y como se documenta en esta evaluación, se derivan de un ‘sistema de leyes antiterroristas’ interno que es profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Contiene conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discrecionalidad a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación, prevención y coerción, en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente”.

“Este marco, que es vulnerable a la aplicación discriminatoria, ha llevado en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de miembros de uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas en XUAR en los llamados centro de educación vocacional (VETC, por sus siglas en inglés) y otras instalaciones, al menos entre 2017 y 2019. Incluso si desde entonces se ha reducido el alcance del sistema VETC o se ha liquidado, como ha afirmado el Gobierno, las leyes y políticas que lo sustentan siguen vigentes”, denuncia el informe.

Menos de una semana antes de su partida, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoció el jueves que está recibiendo «grandes presiones» para publicar o no su informe sobre Xinjiang, la región donde Beijing está acusado de reprimir a la minoría musulmana uigur (AFP)

El informe señala que en los VETC se ejemplifica un sistema de detención arbitraria y con patrones de abuso. Todo esto se dan en el contexto de una discriminación más amplia contra los miembros de uigures y otras minorías predominantemente musulmanas basada en amenazas a la seguridad percibidas.

“Esto ha incluido restricciones de gran alcance, arbitrarias y discriminatorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en violación de las normas y estándares internacionales”, denuncia el informe.

En el informe de la ONU también denuncia violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación coercitiva y discriminatoria de políticas de planificación familiar y control de la natalidad.

“Las políticas y prácticas descritas en XUAR han trascendido las fronteras, separando a las familias y cortando los lazos humanos, al mismo tiempo que causan un sufrimiento particular a las familias uigures, kazajas y de otras minorías predominantemente musulmanas afectadas, exacerbado por patrones de intimidación y amenazas contra miembros de la comunidad de la diáspora que hablan públicamente sobre Experiencias en XUAR”, señala informe.

“El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de uigures y otros grupos predominantemente musulmanes, de conformidad con la ley y la política, en el contexto de restricciones y privaciones más generales de los derechos fundamentales, puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad”, agrega el informe.

La ONU pide que todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad sean puestas en libertad de inmediato.

El informe se centra en la situación de los derechos humanos de los uigures, una minoría asentada en la provincia noroccidental de Xinjiang y que el régimen chino ha reprimido por décadas porque considera que es un vivero para el extremismo. Desde hace años, esta región es objeto de una vigilancia draconiana.

En 2018 se descubrió que el régimen de Xi Jinping internó a más de un millón de uigures y miembros de otras etnias musulmanas locales en “campos de reeducación” en Xinjiang, y ha impuesto “trabajos forzados” y “esterilizaciones”.

China desmiente estas acusaciones y presenta estos “campos” como “centros de formación profesional” para combatir el extremismo religioso.

Lea el informe completo:

22-08-31-final-assesment by Mario Estay on Scribd