Diputados de Chile Vamos encabezada por Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI), y Francisco Undurraga (Evópoli),  además del secretario general de RN, Diego Schalper y la diputada Ximena Ossandón, entregaron este viernes en La Moneda una carta al Presidente Gabriel Boric en la que le piden suspender sus actividades “informativas” a propósito del plebiscito del 4 de septiembre para que explique al país los alcances de la filtración respecto del posible vínculo del recién detenido líder de la CAM, Héctor Llaitul y el gabinete de la  exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

En la misiva los parlamentarios manifiestan su “profunda preocupación” luego de tomar conocimiento sobre el contacto que mantuvo el círculo de la exsecretaria de Estado y Llaitul, quien está imputado por distintos delitos ocurridos en la denominada macrozona sur.

Para los legisladores, esta situación empaña el rol del Ministerio del Interior como querellante en la causa criminal en la que el líder de la CAM cumple actualmente prisión preventiva, pero especialmente “siembra un manto de dudas acerca del compromiso gubernamental con el combate a la actividad criminal” y solicitaron al mandatario de manera “apremiante” defina  “la posición gubernamental en relación al combate contra las organizaciones criminales que siembran el terror en la Macrozona sur y particularmente de la Coordinadora Arauco Malleco”.

En este sentido, el diputado Andrés Longton, jefe de bancada de RN dijo que “la preocupación es porque lamentablemente pareciera que esto viene dirigido desde el Ejecutivo. Así lo dijeron ayer dirigentes del PPD y eso nos habla que precisamente pueden haber nexos o lazos que van más allá de una comunicación que algunos creen que es aislada  porque precisamente las señales que dio el gobierno en el último tiempo son de una profunda debilidad para atacar a las organizaciones radicalizadas, retirando querellas; resistiéndose hasta el último para ampliar la querella contra Héctor Llaitul; otorgando beneficios carcelarios a través de la Ministra de Justicia que está en un entredicho gigantesco debido a la ilegalidad y a las amenazas para otorgar esos beneficios carcelarios”.

Agregó que “pareciera ser que hay detrás una operación encubierta precisamente para dialogar con organizaciones radicalizadas, causarles simpatía, generar complicidad para efectos de poder negociar -quizás- ciertas situaciones que estamos en desconocimiento”.

El secretario general de RN, el diputado Diego Schalper dijo que “nosotros hoy día estamos en pos de obtener respuestas. La tarea de la oposición que nos piden los chilenos a gritos es obtener respuestas y vamos a ejercer todas las atribuciones que nos flanquea la ley para obtener esas respuestas. Cuando ayer se le pide la renuncia a la ministra, algo no cuadra o en definitiva el PPD no está en lo cierto y esto no era parte de una política más global porque ustedes comprenderán que cuesta entender que se deje fuera de su cargo a alguien que estaba ejerciendo una política global o en definitiva la ministra corrió con colores propios en cuyo caso si en el Gobierno del Presidente Boric una ministra tome contacto con el líder de una banda terrorista con colores propios, entonces el desgobierno que hoy hay es total y absoluto”

Por su parte, Jorge Alessandri, jefe de bancada de la UDI, señaló que “el teléfono celular es parte importante de nuestras vidas nuestras comunicaciones nuestras finanzas, una vez que usted incauta un celular usted puede descubrir detalles completos de la vida de una persona, sus comunicaciones, sus vínculos comerciales, el manejo de sus finanzas y por supuesto los ilícitos. En el narcotráfico se ha dado así, en los delitos de cuello y corbata también, por eso nos causa extrañeza que el juez autorice la incautación del celular de Llaitul, pero no su apertura, qué sentido tiene incautar un aparato celular si no vas a autorizar a la PDI a periciarlo. Será que existen otras conversaciones, será que existen contactos más fluidos, era esta asesora de la exministra Vega la única que tenía el celular de Héctor Llaitul, nosotros pensamos que la duda la debe disipar la PDI y para hacerlo necesita el permiso del juez”

A su vez, el diputado Francisco Undurraga, jefe de bancada de Evópoli, quien no concurrió, mencionó que “urge esclarecer si aquí hubo no solo un contacto de la ex ministra Vega con el líder de una organización terrorista, sino que también algún acuerdo previo con Hector Llaitul  y por supuesto también si la ministra del Interior y el presidente Boric sabían de este contacto, porque es muy grave que si existió no se haya informado al presidente”. 

“Aquí lo que se requiere es transparencia y claridad en el ejercicio de las políticas de seguridad pública y restaurar el estado de derecho en la Macrozona Sur, por lo mismo utilizaremos todas las herramientas que nos otorga la ley para dilucidar el grave nuevo error que ha cometido este gobierno”, añadió Undurraga.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón precisó que “la salida de la Ministra solo deja en evidencia la gravedad de una situación que debe ser aclarada por el Presidente, quien debe hacer una pausa en su vocería del apruebo para aclararle a Chile cuál es el vínculo de su gobierno con grupos que desafían públicamente al Estado”.

Finalmente, los diputados explicaron que «es imperativo que S.E. ponga una pausa en sus actividades ‘informativas’ y retorne al Palacio de La Moneda, cuya integridad y compromiso con la persecución del crimen organizado en la Macrozona sur es puesta en cuestión«.

Los parlamentarios además, ingresaron una carta dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados; Raúl Soto para solicitar la conformación de una Comisión Especial Investigadora para analizar los posibles vínculos del Gobierno con terroristas a propósito del “telefonazo a Llaitul”.