Con satisfacción recibió el diputado Republicano Juan Irarrázaval, la noticia de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella que presentó con el fin de que se investigue a la Segpres por posible malversación de “fondos públicos” en la impresión de la nueva Constitución para ser entregada gratuitamente a la ciudadanía, acción que se según aseguró se realizó de manera irregular.

“A nuestro juicio, aquí se configuran los elementos para el delito de malversación de fondos públicos. Porque se gastó un dinero para la impresión de estos libros que por ley estaba prohibida, a parte se hizo en un ítem contable de la Convención que ya había caducado, se hizo con una urgencia que no era tal, porque el plazo de la convención era de público conocimiento, además se hizo también a un proveedor de forma directa, sin una licitación de por medio”, sostuvo el parlamentario.

La querella señala que la autorización para la impresión y distribución del libro fue realizada por la subsecretaria Macarena Lobos, el pasado 21 de julio de 2022, por un monto de $444.615.384, encargado al proveedor Sistemas Gráficos de Quilicura S.A., acción que según el escrito “no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022″.

Respecto a esto, el diputado Irarrázaval explicó que “hay una prohibición legal de imprimir esta cantidad de documentos en la Ley de Presupuestos, y en base a esa misma Ley es que crearon un ítem para imprimirlo, y eso es malversación de recursos públicos porque están gastando dinero donde no se puede gastar”.

También agregó que “habiendo estás cuatro irregularidades es que nosotros presentamos esta querella contra quienes resulten responsables, para que se investigue dentro del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, quién es el responsable. Y para eso hemos sugerido a la fiscalía, una vez que ya también ha sido admitida la querella, que se cite a declarar en primer lugar al ministro Jackson para ver su responsabilidad en el tema”.

Finalmente, el parlamentario lamentó que se usen recursos de los chilenos para hacer intervencionismo político, ya que según dijo Irarrázaval, además de la irregularidad en la impresión, la entrega del documento ha sido arbitraria, ya que “si querían que se dé a conocer, podrían haberle pasado la mitad al comando del Rechazo, para que se explique también con toda libertad por quienes estiman desde una perspectiva crítica”.