La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 107 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, una nueva solicitud del Ejecutivo para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur.
La medida se aplica a la región de La Araucanía y a las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío. Su permanencia se sostiene porque los hechos de violencia continúan afectando a sus habitantes.
Esta es la sexta vez que el Gobierno solicita una extensión de la medida al Parlamento, que debe dar su acuerdo para un estado de excepción constitucional. Ello, luego de ser dictado por primera vez vía decreto (16 mayo) y prorrogado por una vez (27 mayo).
El EECE se ha mantenido posteriormente con acuerdos del Congreso a través de cinco decretos (214, 219, 223, 231 y 242). El último vence el 30 de agosto y esta sexta prórroga regirá a continuación.
Fundamentos
La solicitud reitera la persistencia de hechos de violencia en la macrozona sur, que afectan el uso diario de las rutas y vías. Ello ha puesto en peligro y ha afectado la integridad física de los habitantes de La Araucanía y de las provincias de Arauco y Biobío.
Lo anterior, por la restricción al libre tránsito y la alteración del orden público. Asimismo, se obstaculizan las cadenas de suministro y aumenta el costo de la vida en zonas más rezagadas. Además, se dificulta el desarrollo de la actividad económica y la vida de las familias. Junto a ello, la ejecución de proyectos de desarrollo y el despliegue de capacidades del sector público.
Se destaca que mantener el estado de excepción permite disponer de medidas para garantizar la seguridad de las rutas y vías en la zona. Esto, al propiciar la coordinación interinstitucional entre las policías, las FFAA y el Gobierno. Tales acciones coordinadas, se señala, han tenido efectos positivos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.
Sin embargo, los hechos que motivaron el EECE siguen subsistiendo. En tal sentido, se estima necesario prorrogar su implementación por 15 días más.
Gobierno
La ministra del Interior, Izkia Siches, recalcó que esta es una medida excepcional, complementaria y necesaria para reforzar labores de orden público y de Carabineros, la PDI y el Ministerio Público. Destacó la presentación de 47 querellas, para las cuales se ha mantenido una coordinación con el ministerio público.
Por otra parte, reiteró la importancia del plan “Buen Vivir”, respecto del cual sostuvo que se está haciendo el seguimiento y priorización de proyectos. A ello agregó que se está buscando la implementación de nuevos instrumentos, sobre todo en aquellas zonas más apartadas donde no hay posibilidad del Estado de llegar.
Debate
En el debate participaron las y los diputados Jorge Rathgeb (RN), Marlene Pérez (IND), Marcos Ilabaca (PS), Karen Medina (PDG), Stephan Schubert (IND), Miguel Mellado (RN), Carlos Bianchi (IND), Flor Weisse (UDI), Bernardo Berger (IND), Andrés Jouannet (IND), Mauricio Ojeda (IND), Enrique Lee (PRI), José Miguel Castro (RN), Francisco Undurraga (EVOP), Renzo Trisotti (UDI), Tomás de Rementería (IND), Francesca Muñoz (RN), Felipe Donoso (UDI), Joanna Pérez (DC), Harry Jürgensen (IND), Juan Antonio Coloma (UDI), Sebastián Videla (IND), Gonzalo De la Carrera (PREP), Emilia Nuyado (PS), Boris Barrera (PC), Cristián Araya (PREP), Consuelo Veloso (RD).
Las y los legisladores oficialistas, en general respaldaron la extensión. Se argumentó que es una de las herramientas que se deben utilizar, junto a los programas sociales que impulsa el Ejecutivo en la zona.
En la oposición, sin embargo, se insistió en que un estado de excepción acotado no es la respuesta suficiente. Se demandó mayor empoderamiento y coordinación con carabineros, al tiempo que se instó a elevar la inversión estatal en las zonas más postergadas.
Al mismo tiempo se cuestionó la oportunidad en que se formula la petición, dado que el estado de excepción vigente lleva sólo dos días, lo que imposibilita que sea evaluado.
Cabe agregar que, tal como ocurrió en la solicitud de prórroga anterior, parlamentarios del norte intervinieron para señalar que no respaldarían la solicitud del Gobierno. Esto, porque piden que se aplique estado de excepción en la macrozona norte, con el objeto de contener el aumento de la violencia.
