Gobierno anunció proyecto para reponer posibilidad de expulsar a extranjeros condenados por tráfico de drogas

"Respecto de la modificación, quienes hagan uso de la pena sustitutiva, se les va a imponer además, una prohibición de volver al país por 10 años, y en el caso que se les encontrara de regreso, tendrán que cumplir la pena efectiva en un recinto penal”, explicó la ministra de Justicia desde Iquique este lunes.

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Buscando descongestionar los recintos penitenciarios del país y mejorar la seguridad de internos y personal de Gendarmería, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, anunció este lunes la presentación de una iniciativa de ley que busca reponer la posibilidad de expulsión a extranjeros condenados por la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

La medida fue anunciada por la titular de la cartera, Marcela Ríos, desde la ciudad de Iquique, donde explicó que “esto es un paso clave, nosotros estuvimos en esta misma región hace un mes, y tal como lo comprometimos, regresamos con propuestas y evidencia en mano para hacernos cargo de una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, tal como nos lo han hecho saber. Respecto de la modificación, quienes hagan uso de la pena sustitutiva, se les va a imponer además, una prohibición de volver al país por 10 años, y en el caso que se les encontrara de regreso, tendrán que cumplir la pena efectiva en un recinto penal”.

Según se explicó desde el Ministerio, antes de prohibirse la expulsión para Ley Nº 20.000, mediante la promulgación de la Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería, la mayoría de las órdenes judiciales de expulsión eran en casos de delitos contemplados en esta ley. Así, de las expulsiones decretadas hasta 2019, la gran mayoría proviene de algún delito de ley de drogas, alcanzando aproximadamente un 90% de todas las expulsiones realizadas en el periodo 2012-2022.

La iniciativa legal que se está anunciando tiene dos focos: modificar el artículo 34 de la ley N° 18.216, con el fin de suprimir la prohibición para acceder a la pena sustitutiva de expulsión incorporada por la ley N° 21.325; y proponer una nueva pena mixta en que luego del período obligatorio de privación de libertad, bajo determinados requisitos, y a solicitud del condenado, se pueda proceder a la pena de expulsión.

Para ello se mantienen los actuales requisitos de la pena mixta, como lo son: a) una condena no superior a 5 años y 1 día; b) que la persona no registre otras condenas; c) haber cumplido un tercio de la pena originalmente impuesta, de manera efectiva; y, d) tener buen comportamiento

Cabe recordar que, de acuerdo con Gendarmería, la población migrante recluida ha crecido y se concentra especialmente en el norte del país: desde un 3,7% en el año 2013 a un 10,3% a abril del presente año (4.298 personas extranjeras).

Asimismo, del total de personas extranjeras recluidas en centros penitenciarios, el 86% se encuentra recluido en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, Tarapacá y Metropolitana, siendo el Centro Penitenciario de Alto Hospicio el recinto que alberga a la mayor cantidad de personas extranjeras.

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