Contraloría abrió sumario contra Hospital Barros Luco por charla “obligatoria” del ex vicepresidente de la Convención sobre propuesta constitucional

El ente fiscalizador ya había pedido un informe luego de conocerse un corre firmado por la jefa del Servicio de Medicina del hospital, doctora Andrea Fiabane, convocando a asistir a la exposición dictada por el ex convencional, acotándose que dicha asistencia era obligatoria.

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La Contraloría General de la República abrió este lunes un sumario administrativo contra el Hospital Barros Luco por una actividad en la que brindó una charla el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez.

Según los denunciantes, la actividad se habría realizado tras haberse citado “a una reunión clínica de carácter obligatorio”, en la que se expusieron aspectos del borrador constitucional.

Desde Contraloría se recordó enfáticamente que los funcionarios de entes públicos “no deben promover alguna de las posturas del plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre particulares con el mismo objeto ni, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitadas”.

“Es posible advertir que la actividad involucró la utilización de tiempo de la jornada laboral bienes institucionales en fines ajenos a los asistenciales que compete cumplir a esa entidad hospitalaria”, se añade.

En la misma se recalca que “abordar el tema de la propuesta de nueva constitución no se enmarca en el concepto de reunión clínica que se invoca, más aún si se considera el contexto en el cual se desarrolla tal actividad”.

En este contexto, Contraloría determinó que la actividad realizada “no se enmarcó en el cumplimiento de las labores propias de ese hospital, situación que implica una infracción al deber de las autoridades y funcionarios públicos de utilizar el tiempo de la jornada laboral y los bienes institucionales únicamente en el cumplimiento de las funciones del servicio público respectivo, y no en fines ajenos a ello”.

El organismo determinó finalmente que la dirección del hospital deberá instruir un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en este hecho.

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